El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua usa el método de desaparición forzada para silenciar a la ciudadanía. Entre los desaparecidos hay líderes indígenas, adultos mayores, mujeres, críticos, opositores o ciudadanos que son percibidos como disidentes. La dictadura nicaragüense debe esclarecer el paradero de más de 120 víctimas de desapariciones forzadas. Algunas de estas permanecen en paradero desconocido tras las protestas de 2018, según indica el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas a través de un comunicado difundido este viernes.
Muchas de las desapariciones forzadas parecen haber sido ordenadas desde las más altas instancias del poder y ejecutadas “para infundir temor en toda la sociedad y enviando el mensaje de que cualquiera que exprese una opinión diferente puede correr la misma suerte”. “Todos aquellos que intentan defender sus derechos corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada en Nicaragua, y esto debe terminar de inmediato”, afirma el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas en un documento publicado este viernes. Si bien el grupo de expertos ha logrado verificar alrededor de 120 desapariciones, advierte que la cifra podría ser mayor. Lo anterior porque muchas desapariciones no han sido denunciadas por familias y representantes legales por miedo a las represalias del Estado.
Además, semanas atrás, durante la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Trabajo denunció que el régimen Ortega-Murillo no ha respondido a las consultas sobre “detenciones prolongadas y condiciones carcelarias inadecuadas que podrían poner en peligro la vida de las personas detenidas”.
Las detenciones forzadas empezaron desde el inicio de las protestas de 2018. Estas incluyeron encierros en cárceles clandestinas. Negar los secuestros de ciudadanos devino en práctica desde el Estado a fines de 2023, como indica el informe “¿Dónde más busco?: Vidas suspendidas, desapariciones forzadas en Nicaragua y la resistencia de quienes les buscan”. Este documento elaborado por Raza e Igualdad, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica, IM-Defensoras y el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, observa que los periodos de desaparición han pasado de un máximo de 90 días a duraciones indefinidas.
Estas organizaciones han documentado “múltiples incidentes de hostigamiento directo contra quienes buscan”, que van desde “amenazas de represalias si denuncian, requisas humillantes con perros dentro de centros policiales, e inspecciones corporales que incluyen tocamientos sexuales sin justificación alguna”. Con todo ello la dictadura “también busca deliberadamente quebrar la voluntad de las familias y desincentivar el ejercicio del derecho a la verdad”.
Según el informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, actualizado al 30 de agosto, indica que al menos 73 personas están detenidas por motivos políticos y de estas 33 permanecen en condición de “desaparición forzada”. Los 33 presos políticos en esta condición son personas a cuyas familias se les ha negado “sistemáticamente” conocer su paradero. Los familiares han recorrido delegaciones, cárceles y hospitales sin obtener respuesta. “El silencio deliberado del Estado prolonga la incertidumbre y la angustia”, según destaca el informe.
Un caso que ha tenido repercusión a este respecto es el del periodista Leo Cárcamo Herrera, detenido ilegalmente durante una redada de la Policía Nacional realizada entre el 22 y el 28 de noviembre de 2024, ocasión en la que fueron secuestrados unos 30 nicaragüenses por agentes del Estado. Leo Cárcamo es uno de los 33 presos políticos que la dictadura mantiene bajo “desaparición forzada”. De hecho, en las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha pedido pruebas de vida de Cárcamo y de otros detenidos desaparecidos.
Es de señalar que, las personas presas, detenidas en cárceles, viven bajo un régimen de censura con el fin de que no divulguen lo que pasa al interior de los centros de detención, además, sufren amenazas de retaliaciones contra sus familiares y diferentes grados y formas de violencia para dañarlos moralmente.
Hay algunos patrones en este método de desaparición forzada instrumentalizado por el Estado y que ha sido constatado por organizaciones de la sociedad civil: en primera instancia, las personas son detenidas o secuestradas por agentes policiales o por paramilitares. Posteriormente son trasladadas a distritos policiales y/o eventualmente a centros penitenciarios. Los procesos penales se desarrollan en ausencia de defensa y abogados elegidos por los detenidos. El expediente judicial no es accesible para nadie. En ocasiones se permite que las familias dejen insumos de higiene personal, medicamentos o comida en los centros de detención, pero nunca llegan a confirmar que sus familiares están allí o que reciben las cosas que les dejan.
Como cabe suponer esta situación ha generado afectación en diferentes grados, patologías y manifestaciones para los familiares de los desaparecidos (angustia, depresión, insomnio, hipervigilancia, estrés postraumático, duelo patológico o prolongado que mantiene un dolor persistente, incapacidad de retomar la vida cotidiana, sentimientos de culpa por seguir viviendo o por experimentar momentos de felicidad, aislamiento y estigmatización social).
El método de la desaparición forzada constituye una práctica cruel y degradante para quien la sufre, pero también para las familias de los ciudadanos secuestrados por el Estado. Téngase en consideración que las familias buscan a sus seres queridos pero colisionan con amenazas, negación, versiones confusas y amañadas o silencio.
La impunidad del régimen es total. Secuestran, desaparecen y saben que no darán ni rendirán cuentas a nadie, sometiendo a las familias y a los desaparecidos a terribles sufrimientos, tal y como atestiguan los testimonios de familiares de los desaparecidos. Para muchos de ellos, lo que genera más impotencia es “no poder denunciar con todas las palabras la crueldad de la dictadura”, por temor a las represalias del régimen, según indica una fuente al medio nicaragüense independiente Confidencial.
