Javier Milei ha vetado por segunda vez una ley que ampliaba el financiamiento universitario en Argentina. La decisión, tomada en pleno desgaste político, muestra hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente en nombre del superávit fiscal.
El Congreso había aprobado en agosto una norma que actualizaba partidas por inflación y abría la puerta a recomponer salarios docentes y no docentes. El gobierno la bloqueó con un argumento único: preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas. El gesto reafirma la obsesión de Milei por el superávit, al que llama el “ancla” de su plan económico. Ni la derrota electoral en Buenos Aires ni los escándalos que golpean a su entorno alteran esa línea.
El veto llega en un momento delicado. Tras perder por casi 14 puntos en la capital más influyente del país y con denuncias que salpican a su hermana, Milei buscó enviar una señal de firmeza. La universidad pública, gratuita y masiva, símbolo de movilidad social en Argentina, se convirtió así en el escenario de un pulso entre el ajuste fiscal y un sistema que encarna orgullo histórico.
La oposición intentará revertir la medida, como ya hizo con la ley de Emergencia en Discapacidad. Para lograrlo necesita dos tercios en ambas Cámaras, un objetivo difícil pero no imposible en el clima político actual. Entretanto, Milei aún debe decidir si veta otras dos leyes aprobadas por el Congreso, una sobre transferencias a provincias y otra destinada a hospitales pediátricos.
El presidente insiste en que no dará un paso atrás. Pero el dilema está abierto: cuánto puede resistir un país que sacrifica educación y salud en nombre del equilibrio presupuestario, y hasta qué punto la sociedad argentina tolerará que uno de sus mayores orgullos, la universidad pública, se convierta en variable de ajuste.
