Un estudio de la Universidad de Edimburgo y el Instituto Nacional de Salud Pública propone un impuesto sobre la carne roja y procesada en México. La idea es simple: subir su precio 10 % reduciría el consumo de carne procesada en 8,3 % y de carne roja en 7,9 %. Menos carne, más salud pública, menor huella ambiental.
Kaela Connors, autora principal, afirma que el cambio climático y la salud exigen reducir la demanda global de carne. México, dice, está bien posicionado: fue pionero con el impuesto a las bebidas azucaradas en 2014 y ahora incorpora la sostenibilidad en sus Guías Alimentarias Nacionales, que ya recomiendan bajar el consumo de carne roja y eliminar la procesada.
El estudio añade que los hogares de menores ingresos son los que más reducen su consumo cuando suben los precios. Sin embargo, ya comen menos carne que los más ricos. Cuando compran menos carne, sustituyen con alimentos de la dieta tradicional: legumbres, pescados, mariscos. Por eso, Connors propone que parte de lo recaudado se destine a subsidios o vales para alimentos saludables. La clave está en garantizar alternativas nutritivas y accesibles.
Este estudio no se queda en el diagnóstico. Traza una hoja de ruta fiscal para lograr un sistema alimentario más sostenible y menos generador de enfermedades crónicas. Connors subraya que México vive un momento político propicio, con iniciativas como la prohibición de comida chatarra en las escuelas públicas. La decisión de gravar la carne no sería un salto en el vacío, sino un paso más en una política alimentaria progresiva.
El debate no es solo fiscal. Toca cultura, costumbres y desigualdades. La carne roja es símbolo de estatus y prosperidad en muchos países latinoamericanos. Pero también es uno de los productos con mayor impacto ambiental y riesgo cardiovascular. Frente a la emergencia climática y sanitaria, los países deberán elegir. México parece dispuesto a abrir esa discusión.
