Caracas. — El gobierno de Nicolás Maduro elevó este sábado su ofensiva contra el opositor Leopoldo López, al pedir al Tribunal Supremo de Justicia que le retire la nacionalidad venezolana, tras acusarlo de promover una “invasión militar” y de instigar el bloqueo económico desde el exterior.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la medida en un comunicado difundido por Telegram, en el que afirmó que el Ejecutivo presentó un recurso formal ante el TSJ. También adelantó que el Servicio de Identificación y Migración (Saime) procederá a anular el pasaporte de López, actualmente exiliado en España.
Un gesto de fuerza política
El gobierno enmarca la solicitud en el artículo 130 de la Constitución, que exige a los ciudadanos defender la soberanía nacional, y en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, aprobada en 2024, que impone sanciones penales y políticas a quienes apoyen sanciones o injerencias extranjeras.
Sin embargo, la Constitución venezolana es explícita en su artículo 35: los ciudadanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad, y la revocación por naturalización solo es posible mediante sentencia judicial. El movimiento de Maduro, por tanto, tiene más peso simbólico que legal, pero confirma un patrón de recurso judicial para aislar al disenso político.
De la crítica al “enemigo interno”
La medida llega tras declaraciones de López a la agencia EFE en Madrid, en las que afirmó que las negociaciones políticas ya no bastan para provocar un cambio de régimen, y que “la presión internacional”, incluida la militar, podría acelerar la transición. El exalcalde de Chacao incluso dijo apoyar una eventual ofensiva estadounidense “dentro del territorio venezolano”.
Las palabras fueron aprovechadas por el oficialismo para reactivar el discurso del enemigo interno y reforzar la narrativa de resistencia frente a “agresiones externas”. En la práctica, el chavismo utiliza esta tensión para cohesionar a sus bases y distraer la atención de una crisis económica que continúa desgastando el tejido social.
El eco del exilio
Exiliado en Madrid desde 2020, López encarna la figura del dirigente que ha intentado mantener su influencia a distancia. Su discurso, sin embargo, se ha radicalizado, y el gobierno de Caracas lo usa como contrapeso retórico para justificar su política de “defensa de la soberanía”.
El caso ilustra cómo el exilio político latinoamericano, lejos de diluir los conflictos, se ha convertido en un espacio donde la palabra puede tener efectos jurídicos y diplomáticos.
Más allá de la disputa judicial, el episodio vuelve a colocar a Venezuela en el centro del debate sobre los límites del disenso y el uso político del derecho.
En un país donde la legalidad suele ser instrumento de poder, el intento de borrar la nacionalidad de un opositor no es una simple acción administrativa, sino un gesto de autoridad que busca recordarle al exiliado que su voz sigue siendo vigilada.
