La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue acumulando denuncias internacionales por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. A pesar del silencio oficial, familiares y organismos internacionales insisten en visibilizar el drama de los presos políticos en Nicaragua.
Existe un subregistro cuantitativo de las personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, debido a la falta de acceso a la información y como consecuencia del ambiente de represión y amenazas derivadas del estado policial que vive el país. Lo anterior significa que el número de detenidos actualmente por motivos políticos puede ser mayor que el consignado en los registros disponibles.
Al mes de julio se contabilizan 54 detenidos políticos, y de esta cantidad hay 15 que permanecen desaparecidos en el marco de la práctica sistemática de desaparición forzada por parte del régimen nicaragüense.
Las cifras revelan la escalada represiva de la dictadura Ortega-Murillo, que ha intensificado las detenciones arbitrarias y la incomunicación de los ciudadanos detenidos.
En ese sentido, las desapariciones son una estrategia tanto de control como de represión.
De los 54 presos políticos, siete son mujeres y 47 son hombres. De esta cifra, 35 han sido condenados en procesos judiciales sin garantías ni debido proceso. Otros 19 detenidos permanecen en prisión sin haber sido condenados.
Hay 18 adultos mayores entre los detenidos, y ellos constituyen el grupo más vulnerable de la población. Muchos han sido sometidos a condiciones carcelarias extremas, no han recibido la atención médica adecuada y se han visto privados de las mínimas condiciones que demanda la dignidad humana. La situación de estas personas de la tercera edad se ve agravada por su condición de vulnerabilidad física y emocional, es decir, son más propensas a sufrir abusos y maltratos.
Entre los detenidos se encuentran el excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo de 2025, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano. También los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, así como los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.
En cuanto a los desaparecidos —una de las manifestaciones más crueles de la represión política que sufre el país bajo ese régimen— debe señalarse que las autoridades continúan con su política de negar información sobre el paradero de esos ciudadanos.
En ese contexto, el vacío de justicia y la creciente sensación de impunidad son una realidad con la que han debido aprender a vivir las familias de estos ciudadanos, que enfrentan la zozobra y la angustia mientras aguardan el regreso de sus seres queridos y buscan respuestas en las instituciones del Estado sin que puedan obtener mayor información sobre el paradero de ellos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado las desapariciones forzadas como parte de una estrategia represiva diseñada para destruir la disidencia y generar un clima de terror en la sociedad nicaragüense.
Dichas instancias han exhortado al Estado a cesar sus prácticas brutales, a liberar a todos los detenidos arbitrariamente y a proporcionar información veraz sobre las personas desaparecidas.
Hasta ahora, el régimen mantiene su política represiva y a las víctimas en absoluta indefensión. La desaparición forzada, la tortura y los malos tratos afectan severamente a las familias de los prisioneros políticos, sometiéndolas a una situación de desesperación y aislamiento.
Nicaragua deberá rendir cuentas por los crímenes de Estado cometidos en contra de sus ciudadanos, según ha indicado la comunidad internacional en múltiples ocasiones. Así se extrae del reciente reporte del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
