El crimen organizado ha diversificado sus fuentes de ingresos hacia sectores productivos legales como el aguacate, los frutos rojos y el limón, generando una crisis que afecta la seguridad alimentaria del país. Al menos 13 empresarios y líderes gremiales han sido asesinados en los últimos años por resistirse a las extorsiones y amenazas de organizaciones criminales. Michoacán, principal productor de limón verde mexicano, concentra la mayor violencia contra el sector agrícola, donde el 70% de la cosecha nacional enfrenta presiones del narcotráfico.
Los agricultores mexicanos enfrentan una amenaza que consideran más grave que cualquier política comercial estadounidense. El narcotráfico ha extendido su control sobre sectores productivos legales, especialmente en estados como Michoacán, donde la producción de aguacate, frutos rojos y limón genera ingresos multimillonarios que atraen la codicia de organizaciones criminales. El Consejo Nacional Agropecuario advirtió recientemente que esta situación no constituye únicamente una amenaza directa para los productores y sus familias, sino también para la seguridad alimentaria del país, ante el riesgo de que el terror obligue al abandono de cultivos estratégicos para la economía nacional.
La violencia contra líderes del sector agrícola ha alcanzado niveles alarmantes. Al menos 13 empresarios y dirigentes de gremios han sido asesinados en los últimos años por negarse a pagar el llamado «derecho de piso» o por denunciar públicamente las extorsiones del crimen organizado. El caso más emblemático es el de Bernardo Bravo, líder de los agricultores del limón de Michoacán y presidente del Comité Nacional del Limón, quien fue asesinado en 2023 tras denunciar públicamente las amenazas que recibía del crimen organizado. Bravo había denunciado un año antes en Facebook las presiones de grupos criminales, escribiendo que no se intimidaría ante amenazas del narcotráfico y exigiendo respuesta de las autoridades estatales y federales.
El asesinato de Bernardo Bravo adquiere dimensiones aún más dramáticas al conocerse que su padre también fue asesinado en 2013 por las mismas razones: resistirse a las extorsiones del crimen organizado en el sector limonero michoacano. La repetición del patrón criminal contra la misma familia evidencia no solo la brutalidad del narcotráfico sino también la absoluta impunidad que caracteriza estos delitos. Ninguno de los dos asesinatos ha sido esclarecido ni ha derivado en detenciones efectivas, confirmando lo que organizaciones de derechos humanos y productores agrícolas denuncian sistemáticamente: la incapacidad o falta de voluntad del Estado mexicano para proteger a quienes alimentan al país.
La familia Bravo simboliza la resistencia de un sector que se niega a someterse al control criminal pese a las consecuencias mortales. Bernardo Bravo hijo había denunciado en vida que recibía amenazas constantes por su activismo y su negativa a pagar extorsiones, pero las autoridades no le proporcionaron protección efectiva. Su asesinato en 2023, una década después del de su padre, demuestra que el problema no ha sido enfrentado con seriedad por ninguna de las administraciones federales o estatales que se han sucedido en México. El mensaje que envía esta impunidad resulta devastador para otros líderes agrícolas que contemplan denunciar públicamente: hacerlo equivale a firmar una sentencia de muerte sin que el Estado ofrezca garantías mínimas de seguridad.
Michoacán: epicentro de la violencia contra productores
Michoacán concentra la mayor violencia contra el sector agrícola mexicano por ser el principal productor nacional de varios cultivos de alto valor comercial. El estado aporta el 70% de la producción nacional de limón verde mexicano, además de ser líder en aguacate y frutos rojos como arándanos, fresas y zarzamoras. Esta concentración productiva ha convertido la entidad en objetivo prioritario de organizaciones criminales que buscan diversificar sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico tradicional. Los cárteles han identificado que controlar la producción y exportación de estos productos legales genera ganancias comparables o superiores a las del tráfico de drogas, con menor riesgo de enfrentamientos con fuerzas federales estadounidenses.
La estrategia criminal incluye múltiples formas de control sobre la cadena productiva. Las organizaciones no solo extorsionan a productores mediante el cobro de «derecho de piso», sino que han comenzado a tomar control directo de huertos, empacadoras y rutas de distribución. En algunos casos, los grupos criminales obligan a agricultores a vender sus cosechas a precios fijados unilateralmente, apropiándose de la diferencia entre el precio de mercado y lo pagado al productor. En otros, simplemente confiscan tierras mediante amenazas o asesinatos selectivos, convirtiéndose en empresarios agrícolas de facto que blanquean dinero del narcotráfico a través de exportaciones legales hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.
El narcotráfico mexicano ha evolucionado desde el modelo tradicional centrado en el tráfico de cocaína y heroína hacia una estructura empresarial diversificada que incluye sectores productivos legales. Además del fentanilo, que se ha convertido en su principal fuente de ingresos en los últimos años, las organizaciones criminales controlan ahora importantes segmentos de la producción agrícola, la minería ilegal, el robo de combustible y la trata de personas. Esta diversificación responde a la presión que ejercen tanto el gobierno mexicano como el estadounidense sobre las rutas tradicionales del narcotráfico, obligando a los cárteles a buscar fuentes alternativas de financiamiento que resulten menos vulnerables a operativos policiales o militares.
El Consejo Nacional Agropecuario ha advertido que la penetración del crimen organizado en el sector agrícola representa una amenaza directa a la seguridad alimentaria de México. Si los productores abandonan sus cultivos por temor a la violencia o porque resulta económicamente inviable mantenerlos bajo extorsión constante, el país enfrentará desabastecimiento de productos básicos y aumento de precios que afectarán principalmente a las clases populares. La situación resulta especialmente grave en cultivos donde México ocupa posiciones de liderazgo mundial, como el aguacate, donde controla cerca del 80% de las exportaciones internacionales. La pérdida de esta producción no solo afectaría la economía nacional sino que desestabilizaría mercados globales de alimentos.
Trump inquieta menos que la violencia cotidiana
Para los agricultores mexicanos consultados por medios nacionales e internacionales, las amenazas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump resultan secundarias frente a la violencia criminal que enfrentan diariamente. Aunque reconocen que eventuales aranceles o restricciones comerciales podrían afectar sus exportaciones, consideran que la imposibilidad de trabajar sin pagar extorsiones o el riesgo de ser asesinados constituyen problemas mucho más urgentes e inmediatos. Esta percepción evidencia el fracaso de las estrategias de seguridad implementadas por los gobiernos mexicanos sucesivos, incapaces de garantizar condiciones mínimas para que los productores desarrollen sus actividades sin temor a represalias criminales.
La resignación con que muchos agricultores aceptan pagar extorsiones refleja la desesperanza ante un Estado ausente o ineficaz. Productores consultados bajo condición de anonimato reconocen que prefieren pagar cuotas mensuales a organizaciones criminales antes que denunciar y arriesgarse a correr la suerte de Bernardo Bravo o de otros líderes asesinados. Esta normalización del crimen como costo de producción revela la profundidad de la crisis institucional mexicana, donde sectores enteros de la economía operan bajo reglas impuestas por el narcotráfico mientras el gobierno mantiene un discurso triunfalista sobre supuestos avances en materia de seguridad que contradicen la realidad que viven millones de mexicanos en las zonas rurales del país.
