La directora del Cerlalc, Margarita Cuéllar, advierte que la pérdida del hábito de la lectura equivale a la pérdida de un derecho básico. Su diagnóstico sobre la región revela una paradoja inquietante: la pobreza económica convive con una pobreza cultural que limita la ciudadanía.
La lectura siempre ha sido más que una práctica escolar o una afición individual. En palabras de Cuéllar, “es un derecho de derechos”, porque quien lee con profundidad puede exigir, comprender y defender otras libertades. La advertencia adquiere un peso contundente porque la disminución del hábito lector equivale a dejar de lado instrumentos que permiten comprender el mundo, cuestionar a las instituciones y participar activamente en la vida democrática.
En América Latina y el Caribe, la situación es alarmante. Siete de cada diez niños de diez años no logran comprender lo que leen, lo que configura un “analfabetismo ilustrado” que reduce la lectura a decodificación sin sentido. El concepto formulado por la filósofa Marina Garcés permite nombrar una realidad que excede lo educativo y se incrusta en la organización misma de nuestras sociedades, un continente abundante en patrimonio cultural que arrastra, pese a ello, una historia de gobiernos que relegaron la lectura a un lugar secundario.
La diferencia entre países se percibe con claridad porque mientras Argentina, México, Colombia y Brasil han impulsado políticas consistentes que dieron lugar a mercados editoriales dinámicos, otras naciones permanecen en rezago con programas fragmentarios y sin continuidad. Esa brecha se refleja tanto en las estadísticas de consumo cultural como en la posibilidad de construir ciudadanía, y allí donde la lectura ocupa un lugar central se observa una vida pública más intensa, con mayor capacidad de deliberación, con participación política más amplia y con comunidades que demandan con fuerza sus derechos.
El Cerlalc insiste en la necesidad de políticas sostenidas en el tiempo, elaboradas en diálogo con comunidades originarias y con sensibilidad hacia las realidades locales. El énfasis en lo regional y lo comunitario resulta clave, porque muchas veces las políticas estatales carecen de alcance real en territorios fragmentados. La lectura necesita anclajes próximos como bibliotecas barriales, programas municipales o mediadores que conozcan a sus lectores.
La reflexión de Cuéllar se extiende al impacto de la inteligencia artificial, cuyo avance desregulado puede intensificar la desigualdad cultural. En un ecosistema dominado por el “tecnofeudalismo” de unas pocas plataformas globales, el riesgo es que voces afrodescendientes, indígenas o femeninas queden sepultadas bajo el ruido de algoritmos que privilegian lo rentable. La propuesta pasa por pensar en colectivo, avanzar hacia una regulación compartida y consolidar esquemas de cooperación que permitan a la tecnología abrir horizontes y ampliar posibilidades en lugar de restringirlas.
La referencia al Plan de Derechos Culturales en España, que Margarita Cuéllar considera un ejemplo global, ofrece una señal sobre lo que podría inspirar a América Latina, con políticas orientadas al reconocimiento de la diversidad, con inversión constante en bibliotecas y con la lectura situada como un derecho esencial de la ciudadanía. La lección es que la lectura no puede quedar reducida a un asunto escolar ni a la buena voluntad de los hogares; debe constituirse en política de Estado con vocación democrática.
En definitiva, la voz de Cuéllar no solo alerta, también convoca. Si perder la lectura es perder derechos, defenderla significa garantizar ciudadanía. La región necesita construir sociedades lectoras para sostener sociedades libres, porque un continente sin lectores es un continente que limita su capacidad de imaginar y exigir futuro.
