El más reciente informe de Global Witness documenta que el 82% de los asesinatos y desapariciones de activistas ambientales ocurrieron en América Latina durante el pasado año. Colombia lidera por tercer año consecutivo con 30 casos, seguido de Guatemala que quintuplicó sus cifras con 20 asesinatos, mientras México ocupa el tercer lugar con 18 homicidios. Desde 2012, más de 2.250 defensores han perdido la vida en todo el mundo, con el 72% de los casos concentrados en Latinoamérica.
La defensa del medio ambiente en Latinoamérica se ha convertido en una actividad de alto riesgo que cobra vidas de manera sistemática. El informe «Raíces de resistencia» publicado por Global Witness documenta que durante 2024 al menos 120 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecieron en la región, representando el 82% de los casos registrados a nivel mundial. Latinoamérica mantiene la tendencia: es la región con más asesinatos de personas defensoras del territorio en el mundo, con el 82 % de los casos en 2024, confirmando una realidad que se perpetúa año tras año con cifras escalofriantes.
La violencia contra los defensores ambientales ha mutado en formas más sofisticadas, aunque los asesinatos siguen siendo la expresión más extrema de la represión. Pese a que la cifra de asesinatos a nivel mundial es la más baja en diez años, los autores del informe advierten que esto no implica una reducción de la violencia, sino que ha mutado en otras formas como la criminalización, el hostigamiento y las amenazas. Esta transformación en las tácticas de silenciamiento refleja una estrategia más calculada para neutralizar el activismo ambiental sin generar la atención mediática que provocan los homicidios.
Colombia mantiene su posición como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, registrando 30 asesinatos en 2024. Por tercer año consecutivo, Colombia es el país con más asesinatos de defensores en el mundo, acumulando desde 2012 un total de 461 homicidios que lo convierten en el epicentro mundial de esta violencia. La persistencia de grupos armados ilegales, la debilidad estatal en territorios periféricos y la intensa disputa por el control de recursos naturales explican esta trágica primacía colombiana.
Guatemala: el incremento más alarmante de la región
Guatemala experimentó el aumento más dramático de violencia contra defensores ambientales en 2024, quintuplicando los casos respecto al año anterior. Guatemala tuvo el mayor incremento de asesinatos de defensores: quintuplicó los casos en un año, alcanzando 20 homicidios que posicionan al país centroamericano como el segundo más peligroso de la región. Al menos diez de las víctimas eran indígenas o campesinos, evidenciando que las comunidades más vulnerables siguen siendo el objetivo principal de esta violencia sistemática.
El incremento guatemalteco coincide con la expansión del crimen organizado en territorios donde los defensores desarrollan su trabajo. El informe de Global Witness advierte que el incremento de actividades del crimen organizado en Guatemala ha sido otro factor de riesgo para las personas defensoras al mencionar que en los últimos 12 años más de la mitad de los ataques se dieron en cuatro departamentos: Alta Verapaz, Izabal, Jalapa y Huehuetenango, focos rojos de economías ilícitas. Esta correlación entre actividades criminales y violencia contra activistas ambientales revela cómo la defensa del territorio interfiere con negocios ilegales que requieren el control de extensas áreas geográficas.
La llegada del presidente Bernardo Arévalo, que contó con amplio respaldo indígena, no logró revertir esta tendencia violenta. La llegada en enero de 2024 del presidente Bernardo Arévalo con el partido Movimiento Semilla, que tuvo un amplio respaldo de pueblos indígenas, no necesariamente implicó una reducción de la violencia contra comunidades y defensores ambientales. Esta realidad demuestra que la violencia contra defensores ambientales trasciende los cambios de gobierno y requiere transformaciones estructurales profundas.
Un panorama regional de impunidad sistémica
México ocupa el tercer lugar regional con 18 asesinatos y una desaparición documentada en 2024. El informe también indica que más del 70% de los defensores asesinados en 2023 en México era de pueblos indígenas, y refiere que la mayoría de estos ataques ocurrieron en la franja de estados costeros del Pacífico de Jalisco, Colima y Michoacán. La concentración geográfica de la violencia en la costa del Pacífico evidencia la conexión entre el control territorial ejercido por el crimen organizado y los ataques contra quienes defienden el medio ambiente.
La situación mexicana refleja un patrón regional donde las comunidades indígenas enfrentan riesgos desproporcionados. Los pueblos originarios, que históricamente han sido los guardianes más efectivos de la biodiversidad, se convierten paradójicamente en las víctimas principales de la violencia ambiental. Esta contradicción revela cómo los intereses extractivos y criminales consideran la resistencia indígena como el principal obstáculo para sus operaciones.
Brasil registró 12 homicidios de defensores ambientales durante 2024, manteniendo su posición entre los países más peligrosos de la región. Honduras documentó cinco casos, mientras que Nicaragua y Perú registraron cuatro cada uno. Ecuador registró el asesinato de tres personas defensoras del territorio. Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana reportaron un caso por país. Esta distribución geográfica de la violencia demuestra que ningún país latinoamericano está exento del fenómeno, aunque algunos concentran mayor intensidad de ataques.
La impunidad caracteriza la mayoría de estos crímenes, generando un círculo vicioso que perpetúa la violencia. La experta afirma que la mayoría de los casos quedan impunes o, en su defecto, los procesos judiciales demoran demasiado tiempo. «Hay un desgaste por parte de las familias en encontrar a los responsables». Esta falta de justicia no solo niega reparación a las víctimas y sus familias, sino que envía un mensaje de tolerancia hacia quienes cometen estos crímenes.
Los sectores extractivos, principales responsables
El sector extractivo —minería, agroindustria, tala y grandes infraestructuras— concentra la mayor parte de los ataques mortales; solo en 2024 se registraron al menos 29 crímenes vinculados directamente con actividades mineras. Esta concentración sectorial revela cómo los grandes proyectos económicos generan conflictos territoriales que frecuentemente se resuelven mediante la violencia contra quienes se oponen.
La defensa de los bosques representa el área de mayor riesgo para los activistas ambientales. Según la investigación hecha por Global Witness, la mayoría de los defensores (71 %) fueron asesinados por proteger a los bosques de la deforestación y el desarrollo industrial. Los ecosistemas forestales, especialmente la Amazonía, se han convertido en campos de batalla donde se disputa el futuro ambiental del planeta.
La persistencia de la violencia contra defensores ambientales en Latinoamérica requiere respuestas coordinadas que trascienden las fronteras nacionales. Urge que gobiernos latinoamericanos e instituciones internacionales den pasos decididos para garantizar justicia ambiental real. Entre las medidas prioritarias se encuentra la ratificación del Acuerdo de Escazú en todos los países de la región, la creación de mecanismos independientes para investigar estos crímenes y el fortalecimiento de la representación indígena en organismos internacionales.
La estadística de 2.250 defensores asesinados desde 2012 representa más que cifras: constituye la pérdida de conocimientos ancestrales, experiencias comunitarias y voces que defendían el equilibrio ecológico del planeta. «Los defensores asesinados intentaban, de diferentes maneras, proteger el planeta y defender sus derechos humanos fundamentales. Cada asesinato deja al mundo más vulnerable a la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación». En un momento crucial para la supervivencia planetaria, Latinoamérica no puede permitirse seguir perdiendo a quienes más eficazmente protegen sus ecosistemas y territorios.