Tras once días de movilizaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, el movimiento indígena no cesa en su bloqueo de varias provincias del país andino mientras el Ejecutivo responde con represión. La crisis deja un muerto, decenas de heridos, militares retenidos y pérdidas millonarias. Las comunidades exigen la derogación del decreto presidencial y denuncian violaciones a los derechos humanos. El fantasma de las revueltas de 2019 y 2022 resurge en un Ecuador sumido en tensión social.
La provincia de Imbabura se ha convertido en el epicentro de una batalla política que sacude los cimientos del Gobierno de Daniel Noboa. Desde hace más de diez días, las comunidades indígenas del norte de Ecuador mantienen bloqueadas carreteras estratégicas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha encendido la mecha de un conflicto que evoca los estallidos sociales que derrocaron políticas similares en años anteriores. El paro nacional indefinido convocado por las organizaciones indígenas mantiene paralizado el país andino.
El 13 de septiembre, el presidente Noboa decretó el fin del subsidio al diésel, elevando el precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La justificación oficial apunta a la necesidad de ahorrar aproximadamente 1.100 millones de dólares anuales que, según el Ejecutivo, se destinarán a programas sociales y compensaciones para transportistas. Sin embargo, la medida ha desatado el rechazo de amplios sectores de la población, particularmente de las comunidades rurales que dependen de este combustible para el transporte de productos agrícolas. La decisión presidencial ha sido calificada por las organizaciones sociales como un paquetazo económico.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, convocó un paro nacional indefinido que ha paralizado actividades en al menos seis provincias. Según reportes del servicio de emergencias ECU-911, catorce tramos de carreteras permanecen cerrados, cinco de ellos en Imbabura, mientras las demás afectaciones se concentran en las provincias andinas de Bolívar, Cañar, Chimborazo y Pichincha, además de la amazónica Sucumbíos. Los bloqueos viales han generado escasez de combustible y afectaciones al transporte de mercancías en todo el territorio nacional.
La respuesta gubernamental fue contundente. Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias y estableció toque de queda en zonas estratégicas. Las fuerzas de seguridad han desplegado operativos que, según denuncias de organizaciones de derechos humanos, incluyen el uso desproporcionado de la fuerza. La tragedia llegó el 28 de septiembre cuando Efraín Fuerez, comunero de 46 años de Cotacachi, murió tras recibir tres impactos de bala durante los enfrentamientos. La Conaie responsabilizó directamente al Gobierno del hecho, calificándolo de crimen de Estado. El saldo de las protestas incluye además 48 personas heridas y 63 arrestos.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, fue enfático al advertir al mandatario ecuatoriano en una rueda de prensa celebrada en Quito. «Señor presidente, si se hace caos en el Ecuador, el único responsable será usted», declaró ante los medios de comunicación. Vargas rechazó categóricamente las acusaciones oficiales que vinculan las protestas con el crimen organizado o la mafia, y denunció que el verdadero terror proviene de la represión estatal contra población civil indefensa. El dirigente indígena advirtió además que el movimiento no dará un paso atrás en sus reivindicaciones hasta que el Gobierno derogue el decreto.
Los dirigentes indígenas han presentado un pliego de diez demandas que incluyen la derogación del decreto que eliminó el subsidio, la liberación de doce personas detenidas en Otavalo tras un ataque a un cuartel policial, la reducción del Impuesto al Valor Agregado del 15 al 12 por ciento, y el freno a la expansión minera y petrolera en territorios indígenas. La organización también exige respeto a los derechos colectivos y la presencia de observadores nacionales e internacionales en cualquier proceso de diálogo con el Ejecutivo. Las demandas reflejan reivindicaciones históricas del movimiento indígena ecuatoriano.
El domingo 29 de septiembre, la situación escaló cuando el Gobierno denunció el supuesto secuestro de 17 militares en Cotacachi durante las protestas. Las comunidades niegan ser responsables de la retención y acusan al Ejecutivo de utilizar el incidente para justificar una mayor represión. Los uniformados fueron liberados gradualmente y trasladados al Hospital Militar de Quito con lesiones visibles en rostro y cabeza. La Conaie insistió en que las comunidades no son secuestradoras ni extorsionadoras, y cuestionó la narrativa gubernamental sobre los hechos ocurridos. Posteriormente, dos policías fueron también retenidos en la provincia de Chimborazo, elevando la tensión entre las partes.
La Federación de pueblos Kichwa de la Sierra Norte anunció brevemente una tregua temporal como gesto de buena fe para dialogar con el Gobierno. Sin embargo, el anuncio generó controversia interna en el movimiento indígena. El pueblo Kichwa Karanki y el pueblo Kichwa Otavalo calificaron de arbitraria la decisión del presidente de la Federación, Mesías Flores, de acudir a mesas de diálogo sin consultar a las bases. La lideresa indígena Pacha Terán advirtió que seguían en pie de lucha hasta que se cumplan todas las demandas. Esta división interna refleja las tensiones sobre la estrategia a seguir frente al Gobierno.
La Conaie sostiene el pulso con el Ejecutivo
El miércoles 1 de octubre, la Conaie ratificó que el paro continúa y anunció que el Consejo Ampliado de la organización definiría nuevas acciones. «Han pasado 10 días de paro nacional y la resistencia de los pueblos no se detiene. El Gobierno de Daniel Noboa responde con represión, pero nuestras demandas siguen firmes y justas», expresó el movimiento en un comunicado oficial. La organización también anunció movilizaciones en Cayambe y otras localidades para mantener la presión sobre el Ejecutivo. Las pérdidas económicas ya superan los 42 millones de dólares según estimaciones gubernamentales.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo un llamamiento urgente al diálogo y a la paz en medio de la escalada de violencia. El cardenal Luis Cabrera, presidente de la institución, pidió a las autoridades y ciudadanos que se escuchen, dialoguen y cooperen con grandeza de espíritu para construir un Ecuador reconciliado donde se respete la vida, la libertad y los derechos de todos. La iglesia católica ha actuado históricamente como mediadora en conflictos sociales en Ecuador. El llamado episcopal se produce en un momento crítico donde las posiciones parecen cada vez más irreconciliables entre el Gobierno y el movimiento indígena.
El contexto histórico no juega a favor del Gobierno de Noboa. La Conaie lideró en 2019 protestas masivas que obligaron al entonces presidente Lenín Moreno a derogar el decreto que eliminaba el subsidio al diésel tras 11 días de movilizaciones que dejaron al menos siete muertos y más de mil heridos. En 2022, el movimiento indígena volvió a presionar al presidente Guillermo Lasso durante 13 días hasta lograr la reducción de precios de los combustibles. Ambos precedentes demuestran la capacidad de movilización del movimiento indígena ecuatoriano y su poder para revertir decisiones gubernamentales impopulares.
Organizaciones internacionales han expresado preocupación por la situación en Ecuador. El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a todos los actores a abstenerse de cualquier forma de violencia y reiteró la importancia de resolver las disputas a través del diálogo inclusivo. Gina Romero, relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación, recordó que protestar es un derecho y solicitó a las fuerzas estatales hacer un alto al fuego contra manifestantes. La comunidad internacional observa con atención la evolución del conflicto en el país andino.
El movimiento Pachakutik, brazo político de la Conaie, anunció que denunciará ante organismos nacionales e internacionales de justicia y derechos humanos lo que considera violencia y crímenes de Estado. La organización acusa al Gobierno de optar por el camino de la violencia y el irrespeto a toda norma del Estado de derecho. Pachakutik sostiene que la guerra del Gobierno no está dirigida hacia las mafias del narcotráfico sino contra el pueblo ecuatoriano. La organización política demandará además la actuación inmediata de instancias de protección de derechos humanos frente a lo que considera una represión sistemática del movimiento de protesta.
Noboa se atrinchera en su postura de no negociación
El presidente Noboa, quien trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo a Latacunga en la provincia de Cotopaxi, mantiene una postura inflexible frente a las demandas indígenas. La portavoz gubernamental, Carolina Jaramillo, descartó cualquier negociación sobre la eliminación del subsidio, aunque afirmó que sí habrá conversaciones con los sectores inconformes. El Gobierno insiste en que el subsidio beneficiaba principalmente a actividades ilegales como el contrabando y la minería ilegal, no a los sectores más vulnerables. Noboa ha vinculado además las protestas con grupos criminales, una acusación que los dirigentes indígenas rechazan como una estrategia de criminalización de la protesta social.
La crisis ocurre en un momento particularmente sensible para el país andino. Ecuador enfrenta altos índices de violencia vinculados al narcotráfico, situación que el Gobierno ha utilizado para vincular las protestas con grupos criminales. Además, la Corte Constitucional aprobó recientemente la convocatoria a una consulta popular para el 26 de noviembre que incluye la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. La consulta ha generado rechazo entre las organizaciones sociales que ven en ella un intento de concentración de poder. El contexto político y social del país hace más compleja la resolución del conflicto actual.
El pulso entre el Gobierno de Noboa y el movimiento indígena parece lejos de resolverse. Mientras el Ejecutivo mantiene su estrategia de negar toda negociación sobre el subsidio y continúa con operativos de seguridad de alta intensidad, las comunidades indígenas insisten en que no darán un paso atrás hasta que se deroguen las medidas que consideran lesivas para los sectores más vulnerables del país. Con más de una década de experiencia organizativa tras las protestas de 2019 y 2022, las comunidades han fortalecido su guardia indígena, fuerza de protección territorial que actúa como mecanismo de seguridad en las manifestaciones. La pregunta que se plantea ahora es si Ecuador está ante el preludio de un nuevo estallido social de magnitudes similares a los que marcaron la historia reciente del país.
