El asesinato del precandidato presidencial devuelve a Colombia a los fantasmas de la violencia política que marcaron las décadas más oscuras de su historia. A menos de un año de las elecciones de 2026, el crimen desafía la capacidad del Estado para proteger la vida democrática y envía un mensaje inquietante sobre el poder persistente de los grupos armados.
Miguel Uribe Turbay, senador y figura ascendente de la derecha colombiana, murió este lunes tras dos meses en cuidados intensivos. El 7 de junio, un sicario de 15 años le disparó durante un mitin en un barrio popular de Bogotá. Dos balas impactaron su cabeza. La noticia de su fallecimiento sacudió al país y reactivó un debate sobre el fracaso de las instituciones para blindar la vida política frente a la violencia.
El atentado se inscribe en una cadena de crímenes políticos que resisten a cada intento de pacificación. Las autoridades apuntan a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC liderada por Iván Márquez, como autor intelectual. Aunque la cúpula de esa estructura podría estar muerta, el atentado evidencia que sus redes operativas siguen activas. Entre los detenidos están el menor atacante y Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, señalado como cerebro logístico del crimen.
La historia personal de Uribe añade un peso simbólico a su asesinato. Su madre, la periodista Diana Turbay, murió en 1991 durante un fallido operativo de rescate tras haber sido secuestrada por orden de Pablo Escobar. Tres décadas después, la violencia volvió a golpear a la familia. En el relato colectivo, su muerte se inscribe en la misma línea trágica que un país aún no logra romper: la de los líderes políticos asesinados antes de disputar el poder.
Uribe, de 39 años, representaba una renovación conservadora con posibilidades reales de disputar la presidencia en 2026. Su muerte deja a la derecha fragmentada y obliga a replantear estrategias electorales. Pero más allá del cálculo político, el magnicidio vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿es posible hacer campaña en Colombia sin convertirse en blanco?
En las décadas de 1980 y 1990, los asesinatos de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro marcaron el punto más alto de la violencia política. Muchos creyeron que esa era había quedado atrás. El crimen contra Uribe demuestra que, aunque cambien los actores armados, las lógicas de intimidación persisten.
La reacción oficial ha sido inmediata, pero insuficiente. La vicepresidenta Francia Márquez llamó a “construir la democracia con respeto y diálogo”. El expresidente Álvaro Uribe, desde su prisión domiciliaria, escribió: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”. Entre la condena moral y la acción efectiva hay un abismo que Colombia no ha logrado cerrar.
Si este asesinato queda solo como un capítulo más en la crónica de la violencia política, la señal para 2026 será devastadora: que el poder de las armas sigue dictando el curso de la democracia. Y que, en un país que aún lidia con sus heridas más hondas, las balas continúan teniendo la última palabra.
Colombia se encuentra ante una disyuntiva histórica: asumir que su democracia se juega en las urnas o aceptar resignada que el plomo siga decidiendo quién vive para gobernar. El futuro político inmediato dependerá de cómo responda el Estado a esta muerte.
