Diez estados mexicanos han prohibido los corridos que glorifican al crimen organizado, imponiendo multas superiores al millón de pesos y hasta un año de prisión. Peso Pluma enfrenta investigaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, mientras Natanael Cano desafía las restricciones en Aguascalientes. El fenómeno musical que arrastra multitudes juveniles choca frontalmente con autoridades que buscan erradicar la apología del delito en un país devastado por la violencia del narcotráfico.
La ciudad de Guadalajara fue escenario el pasado abril de uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la música popular mexicana. Durante un concierto en un auditorio de la Universidad, el grupo Los Alegres del Barranco proyectó en pantalla gigante la imagen de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La provocación tuvo consecuencias inmediatas y el Departamento de Estado estadounidense revocó las visas de la banda apenas días después. El hecho marcó un punto de inflexión en la ofensiva binacional contra los narcocorridos, ese subgénero musical que narra con trombones estridentes y letras explícitas las hazañas de narcotraficantes, sicarios y capos del crimen organizado.
El episodio de Guadalajara no constituye un caso aislado. A lo largo y ancho de México, los corridos tumbados han conquistado a una juventud que encuentra en estas narrativas una expresión de rebeldía, marginalidad y, según sus detractores, una normalización peligrosa de la vida criminal. Peso Pluma, el artista jalisciense de 26 años nacido como Hassan Emilio Kabande Laija, encabeza este movimiento con millones de reproducciones mensuales en Spotify y giras internacionales que lo han convertido en fenómeno global. Sin embargo, su meteórico ascenso arrastra sombras cada vez más oscuras. El pasado enero, avionetas sobrevolaron Culiacán lanzando volantes que acusaban a Peso Pluma, junto al influencer Markitos Toys y otros 23 personajes, de lavar dinero para Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos del Chapo Guzmán.
Las acusaciones no se quedan en panfletos provenientes del cielo. El periodista Luis Chaparro, especializado en crimen organizado y conductor del noticiero Pie de Nota, reveló en el podcast de Gusgri que existen investigaciones activas contra Peso Pluma en Estados Unidos. Chaparro afirmó que fuentes dentro de agencias estadounidenses le confirmaron que el cantante habría sido financiado por el Cártel de Sinaloa desde los inicios de su carrera. «Sí, agarró lana, les lavó feria y le hicieron su carrera de alguna manera», precisó el periodista, añadiendo que Peso Pluma es sometido rutinariamente a largas revisiones en aeropuertos estadounidenses cada vez que cruza la frontera. El fenómeno que Chaparro denomina «la maldición de Peso Pluma» consiste en que cada narcotraficante mencionado en sus corridos termina siendo perseguido por autoridades al ponerles el foco mediático.
La administración Trump ha incrementado la presión sobre artistas del género. En apenas dos meses y medio de 2025, más de 800 visados fueron revocados, incluyendo el de músicos que promueven o glorifican actividades relacionadas con el narcotráfico. El periodista Arturo Ángel advirtió para el medio Milenio que Peso Pluma, Natanael Cano, Grupo Firme, Edgardo Núñez, Junior H y La Barranqueña de Mazatlán se encuentran bajo escrutinio de las autoridades estadounidenses. Washington ha dejado claro que no tolerará ninguna forma de apoyo, explícito o implícito, a organizaciones criminales, incluso si ese respaldo se manifiesta a través de expresiones artísticas. La decisión ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y hasta dónde llega la responsabilidad de los artistas en un país donde el narcotráfico ha cobrado más de 400,000 vidas en dos décadas.
La rebelión de Natanael Cano y el veto estatal
El pasado 3 de mayo, Natanael Cano protagonizó otro momento tenso de esta guerra cultural. Durante su presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, el autodenominado Padre de los Corridos Tumbados desafió abiertamente la prohibición estatal de interpretar narcocorridos. Cuando el público exigía a gritos «Cuerno Azulado», uno de sus temas más polémicos, Cano lanzó un mensaje directo: «No me la tienen que pedir a mí, se la tienen que pedir a su gobierno. Con mucho respeto a la gente que nos está prohibiendo cantar y demostrar nuestro arte «. Posteriormente interpretó «Pacas de billetes», canción que alude al número 701 asociado con El Chapo Guzmán, y «El de la codeína», provocando que los organizadores redujeran el volumen del sonido. El equipo técnico del artista activó su propio sistema de audio para continuar, hasta que las luces fueron apagadas y Cano abandonó el escenario.
Las autoridades de Aguascalientes habían revisado y aprobado previamente el repertorio del cantante. Antonio Arámbula López, secretario de Gobierno del estado, reconoció ante la prensa: «Nos pasó su repertorio de canciones, nosotros inclusive una comisión revisó las canciones. Había algunas polémicas, pero aun así se le aprobaron, se le dejaron cantar». El funcionario añadió que Cano vio «tan buena disposición que dijo: me aviento la última y me voy». Hasta el momento, no se han impuesto sanciones al artista pese a que la legislación estatal contempla multas superiores al millón de pesos y hasta un año de prisión por hacer apología del delito. El caso refleja la ambigüedad y la dificultad práctica de aplicar estas prohibiciones contra artistas con contratos millonarios y audiencias masivas que pagan por escuchar precisamente esas canciones vetadas.
Aguascalientes forma parte de los diez estados mexicanos que han implementado prohibiciones o restricciones específicas contra narcocorridos en eventos públicos. Michoacán decretó la prohibición desde abril de 2025, mientras Tijuana impuso multas desde noviembre de 2023. Chihuahua prohibió corridos que promuevan violencia o narcotráfico desde julio de 2023. Nayarit decretó en 2025 el veto a narcocorridos y corridos tumbados en espacios públicos. Jalisco presentó una iniciativa legislativa tras el caso de Los Alegres del Barranco. Querétaro, Guanajuato, Estado de México y otras entidades han establecido acuerdos o sanciones para evitar presentaciones con contenido que glorifique el delito. Las medidas reflejan la desesperación de gobiernos estatales que buscan contener una narrativa cultural que consideran tóxica para la juventud y funcional a los intereses del crimen organizado.
División entre partidarios y detractores
El debate ha polarizado a México. Para sus defensores, los narcocorridos constituyen una expresión legítima de la realidad social que viven millones de mexicanos en territorios controlados por carteles. La música Rosul, quien frecuentemente interpreta este género, planteó el argumento central: «Netflix puede lanzar una serie sobre narcotraficantes y ganar premios y aplausos, pero si alguien del barrio canta sobre lo mismo, ¿es apología de la violencia?». Esta posición sostiene que censurar el arte no erradicará el problema de fondo, y que mientras persistan las condiciones sociales que hacen del narcotráfico la única vía de escape de la pobreza, estas narrativas seguirán siendo atractivas para amplios sectores de la población. Natanael Cano lo expresó con contundencia en Aguascalientes: «Hagan algo ustedes, no vengan a pedírmelo a mí. Aquí su gobierno es el que los está presionando».
En el frente opositor, legisladores como la diputada Laura Álvarez del PAN argumentan que «los narcocorridos no son parte de la música popular mexicana, son propaganda del narco». El Congreso de la Ciudad de México busca prohibir definitivamente la transmisión, retransmisión y presentación pública de narcocorridos y narcoseries, así como aplicar el tipo penal de apología del delito conforme al artículo 208 del Código Penal Federal, que establece penas de uno a seis años de prisión. El coordinador de la bancada panista Andrés Atayde subrayó que «no se trata de limitar la libertad de expresión, sino de garantizar que las niñas y los niños crezcan en un entorno sano, sin apología del delito». Un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones reveló que niños de 2 a 8 años construyen su imagen personificando tramas audiovisuales que influyen en su desarrollo, lenguaje y comportamiento.
La posición oficial del gobierno mexicano ha sido errática. Peso Pluma ha reconocido públicamente en entrevistas que es «normal» en el género regional que personas desconocidas, o en ocasiones miembros directos del crimen organizado, contacten a los artistas para encargar corridos. «Es mi trabajo, y te hago un corrido y te lo entrego», explicó el cantante tapatío, admitiendo implícitamente que ha aceptado dinero de narcotraficantes. Autoridades como el Ejército Mexicano utilizan los propios corridos como herramienta de inteligencia para analizar e identificar personajes, rutas y lugares relacionados con grupos criminales. Esta instrumentalización revela que, más allá del debate moral, los narcocorridos contienen información operativa valiosa sobre estructuras delictivas que operan con impunidad en vastas regiones del país.
El caso de Junior H ilustra la presión que enfrentan estos artistas. Durante su participación en el festival Coachella 2025 junto a Peso Pluma y Tito Double P, el cantante se distinguió deliberadamente por no interpretar ningún narcocorrido, decisión tomada en un contexto de restricciones crecientes tanto en México como en Estados Unidos. Entre los temas que interpretó destacaron «Mientras Duermes», «La Cherry y Las Noches» y «Fin de Semana», demostrando la versatilidad del regional mexicano más allá del género bélico. Sin embargo, días después de Coachella, Junior H regresó a México donde la presión es diferente. El artista se pronunció ante las restricciones afirmando que «es una cultura que lleva toda la vida», defendiendo la tradición del corrido que se remonta más de un siglo en la música popular mexicana y que siempre ha narrado historias de bandidos, outlaws y personajes al margen de la ley.
La realidad es que mientras las condiciones estructurales de pobreza, desigualdad y abandono gubernamental persistan en vastas zonas de México, los narcocorridos no dejarán de florecer como expresión de una marginalidad que encuentra en el crimen organizado su única vía de movilidad social. Prohibir las canciones sin atacar las causas profundas que hacen del narcotráfico una opción atractiva para millones de jóvenes mexicanos es, según sus críticos, “tapar el sol con un dedo”. El debate permanece abierto y los hechos son tozudos: los conciertos se llenan, las canciones suman millones de reproducciones y una nueva generación de artistas compone corridos por encargo, ganando fortunas mientras el país se desangra en una guerra que no tiene visos de terminar.
