Sin libertad de expresión no hay democracia y en Colombia hay consenso al respecto. La Procuraduría ha iniciado una acción preventiva y vigilancia contra la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para determinar la legalidad y las implicaciones constitucionales de una solicitud de información que hizo dicha institución del Estado a los medios de comunicación sobre sus consejos editoriales.
“La Constitución es clara. El artículo 20 consagra la libertad de expresar y difundir pensamientos, y el 73 garantiza la protección especial de la actividad periodística. No hay interpretación posible que autorice al Estado a revisar cómo escogen los medios sus fuentes, enfoques o contenidos”, plantea la editorial de El Tiempo este martes.
La Procuraduría ha anticipado y advertido la posibilidad de censura por parte de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) a medios de comunicación en Colombia y ha iniciado una acción preventiva que evaluará la legalidad de la solicitud de información de la CRC. El procurador general, Gregorio Eljach, ha expresado que no permitirá que “se menoscabe la capacidad de los medios públicos y privados de mantener informada a la sociedad y por opinar como quieran hacerlo”.
La acción de la Procuraduría tiene lugar tras la solicitud emitida por la CRC que pretende recabar información a los medios sobre sus políticas editoriales, manuales de acción, actas del comité editorial y criterios para la selección de contenido periodístico y noticioso.
Pese a que la CRC emitió posteriormente una aclaración indicando que dicho requerimiento tiene propósitos informativos y analíticos no revocó el requerimiento original ni aclaró de manera explícita y suficiente si la entrega de la información es voluntaria.
La Procuraduría nota que podría haber intencionalidad de censura, violación de derechos fundamentales y extralimitación de funciones. Se cuestiona la competencia de la entidad, el riesgo de censura indirecta y la afectación de derechos fundamentales, así como ambigüedad en el uso de datos y falta de claridad respecto a su obligatoriedad o voluntariedad.
Respecto a lo primero, “podría estar excediendo sus funciones al solicitar información editorial interna”. En segunda instancia, “el tono formal y obligatorio de la solicitud podría generar un efecto inhibitorio o autocensura en los medios de comunicación”. La solicitud de la CRC, “podría comprometer la confidencialidad de las fuentes, las deliberaciones internas y el secreto profesional periodístico”, afectando derechos fundamentales. Tampoco hay claridad respecto a la utilización de la información, su finalidad y los mecanismos de confidencialidad que se aplicarán. Por otra parte, el uso continuado de “requerimiento” establece una “percepción coercitiva”.
Tras identificar los posibles riesgos, se ha solicitado a la CRC proporcionar, en tres días hábiles, diversos documentos y aclaraciones: una copia de la solicitud de información original; el fundamento legal de su competencia para realizar tales exigencias; una aclaración explícita sobre si la información es voluntaria u obligatoria, y las posibles consecuencias legales por la no presentación; el protocolo para el manejo y la garantía de la confidencialidad de la información recibida; y una descripción detallada del propósito, alcance y uso previsto de los datos.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, estima que la solicitud de la CRC podría vulnerar derechos constitucionales y convencionales. En ese sentido, la Defensoría ha solicitado que se retire dicho requerimiento y ha recordado que la Corte Constitucional ha establecido en múltiples sentencias (C-488 de 1993, T-391 de 2007, C-592 de 2012) que ningún órgano administrativo puede supervisar los procesos internos de los medios. Adicionalmente, según los estándares interamericanos, la responsabilidad social del periodismo no se traduce en control estatal, sino en autorregulación ética.
Analistas, medios y periodistas se han referido a la solicitud de la CRC. La editorial del principal diario del país, El Tiempo, tituló este martes: “Riesgo de censura”. El periódico plantea que, aunque ahora sea opcional, es “inaceptable la solicitud de la CRC para que los medios compartan sus criterios editoriales”. Pedir que los medios entreguen actas, relatorías y manuales de sus consejos editoriales “constituye una inaceptable intromisión en la esfera más protegida del ejercicio periodístico: la autonomía editorial”, indica.
El Tiempo da cuenta del “reversazo” de la CRC que ahora convierte su solicitud en supuestamente opcional y de carácter analítico, pero, “el impacto es profundo”. Alarma y preocupa que “una entidad estatal se arrogue la potestad de solicitar información de deliberaciones privadas que solo competen a las salas de redacción”.
La Constitución de 1991 además de garantista es suficientemente clara a este respecto. En su artículo 20 consagra “la libertad de expresar y difundir pensamientos” y en su artículo 73 “garantiza la protección especial de la actividad periodística”. Por lo anterior, El Tiempo afirma con vehemencia: “No hay interpretación posible que autorice al Estado a revisar cómo escogen los medios sus fuentes, enfoques o contenidos”.
De hecho, pretender que los medios entreguen “soportes documentales” de sus decisiones editoriales “equivale a abrir la puerta a una censura indirecta que, aunque revestida de lenguaje técnico o administrativo, busca ejercer control sobre lo que se publica. Y la libertad de prensa no protege solo la difusión de información, sino también el derecho de los medios a decidir, sin injerencias, cómo ejercer esa función social”, sostiene el periódico.
La pretensión de la CRC de actuar con fines analíticos o informativos “es inadmisible”, dice El Tiempo, y agrega que: “La libertad de prensa no se mide por la intención de quien la restringe, sino por el efecto que produce sobre quienes la ejercen”. El replanteo del carácter opcional de la solicitud de la CRC da la razón a quienes vieron en esta una intención de “escrutinio estatal a través de un órgano, donde tiene asiento el Ministerio de las TIC, sobre la libertad de prensa”, puntualiza el diario.
De ahí que lo único sensato por parte de esa institución estatal es retirar de manera definitiva su solicitud y reconocer su error. “De lo contrario, quedará la sospecha de que hubo un intento de supervisar lo que en una democracia libre debe permanecer fuera del alcance del gobierno de turno”, finaliza el medio colombiano.
