Un análisis reciente de la División de las Américas de Human Rights Watch, titulado “La democracia en El Salvador se está muriendo”, señala que el pasado 31 de julio la Asamblea Legislativa de ese país aprobó la reforma constitucional que elimina los límites a la reelección presidencial. Dicha reforma representa el último paso en un proceso iniciado hace varios años para desmantelar el Estado de derecho en El Salvador. Esta reforma constitucional fue posible gracias a una reforma previa, aprobada en enero de este año, que permitió a los legisladores enmendar la Constitución en una sola legislatura. Antes de ello, cualquier reforma constitucional precisaba la aprobación de una Asamblea y la ratificación de la siguiente, tras el inicio de un nuevo período legislativo. “La modificación permitió a los diputados de Bukele aprobar la enmienda a las 8 de la tarde y ‘ratificarla’ apenas dos horas después, en una sesión legislativa separada”.
Human Rights Watch (HRW) explica cómo la comunidad internacional, amparándose en los altos niveles de aprobación del presidente Nayib Bukele, en los resultados de sus políticas de seguridad punitivas y en intereses geopolíticos, ha optado por guardar silencio ante el desmantelamiento del Estado de derecho en ese país. Es de destacar, no obstante, la excepción de la Unión Europea, que ha expresado su preocupación por la situación de derechos humanos en El Salvador, a diferencia del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que ha sido un aliado abierto del presidente Bukele.
La organización defensora de derechos humanos destaca que durante años muchos observadores han advertido que el llamado “modelo Bukele” en la lucha contra el crimen organizado implicaría el desmantelamiento de los controles institucionales y la perpetuación de la concentración del poder por el jefe de Estado. “Esa estrategia hoy se despliega a plena vista. La pregunta ya no es si los gobiernos extranjeros fueron advertidos, sino si actuarán para impedir una nueva dictadura en el hemisferio occidental”, cuestiona HRW.
El cuestionamiento no es para menos: la administración estadounidense se ha mostrado dispuesta a respaldar al gobierno salvadoreño en detrimento de la democracia. No hay que perder de vista, en ese contexto, que el gobierno de Trump deportó a más de 250 venezolanos y 20 salvadoreños a una cárcel de El Salvador meses atrás, pese a la evidencia creíble de tortura y de diferentes violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en esas prisiones.
La deriva autoritaria, populista y mesiánica de Bukele no es nueva. Al contrario, se hizo manifiesta en los primeros meses de su arribo al poder. No hay que olvidar cuando, el 9 de febrero de 2020, el mandatario ingresó en la Asamblea Legislativa acompañado de soldados armados, exigiendo la aprobación de un préstamo para financiar su plan de seguridad. Aquella vez rezó en el pleno, afirmó que Dios le había pedido tener paciencia y dio a los legisladores una semana para aprobar los fondos. “Esa burda intimidación a los diputados fue una señal importante. Aun así, la reacción internacional resultó, en su mayoría, débil y complaciente”, indica HRW. Lo siguiente fue la erosión paulatina de las instituciones democráticas del país.
Durante la pandemia, el mandatario salvadoreño desafió a los otros poderes del Estado y desobedeció los fallos de la Sala de lo Constitucional en relación con la coyuntura de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Más tarde, en 2021, cuando el partido del mandatario obtuvo una mayoría de dos tercios en la Asamblea, los legisladores destituyeron y reemplazaron a los cinco magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general, quien investigaba a funcionarios del gobierno por corrupción y negociaciones con pandillas. Después aprobaron leyes que posibilitaron la destitución de jueces y fiscales de menor rango.
Ese año la nueva Sala Constitucional decidió que el presidente Bukele podía presentarse a la reelección para un mandato adicional en 2024, a pesar de que existía la prohibición constitucional a la reelección inmediata.
Al año siguiente, en marzo de 2022, tras una ola de violencia y crímenes perpetrados por pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que abrió las puertas a detenciones masivas en el marco de la “guerra contra las pandillas” declarada por el gobierno nacional.
La política de Bukele contra las pandillas ha producido resultados innegables en la medida en que la tasa de homicidios ha disminuido drásticamente; sin embargo, el costo también ha sido enorme en términos de Estado de derecho y respeto por los derechos humanos. “Aproximadamente el 2 % de la población del país se encuentra privada de libertad. HRW y otras organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias basadas en pruebas falsas o sin corroborar, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y tortura y malos tratos durante la detención, incluso contra niños, niñas y adolescentes”, indica el informe.
El sistema de pesos y de contrapesos y los mecanismos de control han sido desmantelados, dando vía libre al presidente para perseguir a sus críticos y detractores. Meses atrás, en mayo, las autoridades del país detuvieron a Ruth López, una abogada de derechos humanos de la organización Cristosal, y a Enrique Anaya, abogado constitucionalista y crítico del gobierno. Ambos casos se encuentran bajo reserva, precisa HRW.
También en mayo, la Asamblea aprobó una Ley de Agentes Extranjeros. La normativa otorga al gobierno amplios poderes para restringir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación independientes que reciben financiamiento internacional. A la fecha, más de 100 periodistas, abogados y activistas han abandonado el país.
Durante mucho tiempo, la prohibición de la reelección fue una piedra angular de la Constitución salvadoreña, pero con Bukele las reglas de juego político cambiaron totalmente en el país centroamericano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal de derechos humanos en la región, ha dictaminado que la reelección indefinida, así como la ausencia de límites a los mandatos, viola las obligaciones asumidas por los países en materia de derechos humanos. La Asamblea, alineada con el presidente Bukele, tiene una interpretación diferente y no tuvo reparo en eliminar en cuestión de pocas horas la prohibición constitucional que mantenía el país. Resulta inexplicable que la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene tanto el mandato como la responsabilidad de actuar, haya optado por no debatir la situación en El Salvador.
Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha alcanzado acuerdos con el gobierno salvadoreño prestándole cientos de millones de dólares, y que ha mostrado preocupación por temas de corrupción, gobernanza y división de poderes, especialmente en lo relativo a la independencia de la justicia, debería fortalecer las condiciones del préstamo relacionadas con la independencia judicial y asegurarse de que el gobierno las cumpla, precisa HRW.
