En Buenos Aires se abre un espacio para repensar la relación entre cultura, democracia y ciudadanía. Un encuentro que, más allá de lo académico, nos recuerda que el futuro político de América Latina también se juega en el terreno de lo simbólico.
En un continente marcado por crisis simultáneas —económicas, sociales, climáticas y políticas— la cultura emerge como un espacio estratégico para sostener democracias en tensión. Desde este jueves hasta el sábado, el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) acoge el encuentro Derechos culturales para imaginar democracias y ciudadanía, organizado junto a Redes de Gestión Cultural (RGC) y bajo el paraguas del programa ACERCA de la Cooperación Española.
El evento, que reúne a pensadores y gestores culturales de América Latina y España, forma parte del camino hacia Mondiacult 2025 en Barcelona, la gran cumbre mundial de políticas culturales. Su propósito inmediato: construir diagnósticos y propuestas frente a la “policrisis” que atraviesa la región y que afecta directamente a la producción cultural, al acceso ciudadano y a la libertad de creación.
La agenda es amplia y urgente: la defensa de los derechos culturales como políticas públicas, la articulación entre cultura y justicia social, los retos de la soberanía digital, el cuidado de las lenguas y patrimonios, y la necesidad de articular resistencias frente a los retrocesos conservadores. Voces como las de la argentina Maristella Svampa, con su conferencia sobre la “policrisis civilizatoria”, o la chilena Julieta Brodsky, exministra de Cultura, alertando sobre el recorte de libertades artísticas, ponen en evidencia que la cultura ya no puede ser tratada como un adorno, sino como un derecho estructural.
El encuentro tiene también un valor simbólico: abre un diálogo entre América Latina y España que, lejos de repetir la retórica del pasado, busca construir puentes de futuro. La participación de académicos y responsables culturales de países como Brasil, Colombia, Chile y Argentina, junto a expertos españoles, refuerza la idea de que los derechos culturales constituyen un terreno compartido para pensar democracias inclusivas.
Resulta revelador que, en plena fragmentación política, la cultura se proponga como espacio de consenso. Allí donde los parlamentos fallan y las instituciones pierden legitimidad, el arte, las memorias y la imaginación colectiva ofrecen herramientas para recomponer ciudadanía. En sociedades atravesadas por desigualdades, la defensa del acceso a la cultura se convierte en una forma concreta de justicia.
Quizá esa sea la clave: entender que la cultura no es un lujo reservado a élites ilustradas, sino un componente esencial de la democracia misma. Los derechos culturales definen quiénes somos, cómo convivimos y qué futuro queremos. De su garantía depende que América Latina no se limite a gestionar emergencias, sino que sea capaz de proyectar horizontes comunes.
En Buenos Aires se abre un laboratorio de ideas que merece ser seguido de cerca. Porque imaginar democracias, en tiempos de incertidumbre, empieza por asegurar que todos tengamos derecho a soñar.