A 31 años del bombazo que destruyó la AMIA, la sociedad judía en Argentina observa con cautela los avances judiciales, sin ocultar el peso del dolor, la impunidad y la desconfianza institucional.
La apertura del juicio por el atentado terrorista a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, ha sido recibida con una mezcla de esperanza y prudencia por parte de la comunidad judía argentina. A tres décadas de aquella explosión que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, la expectativa convive con el miedo de repetir una historia marcada por acusaciones incumplidas y promesas truncadas.
En el reciente acto conmemorativo, bajo el lema “La impunidad sigue; el terrorismo también”, organizaciones como AMIA, DAIA y agrupaciones de familiares volvieron a insistir en la necesidad de avances concretos en materia de justicia. Pero incluso mientras se celebraba la convocatoria masiva por la verdad, se percibía una atmósfera de desconfianza institucional, exacerbada por la larga historia de encubrimientos judiciales y demoras procesales.
El juicio, que se llevará a cabo en ausencia de los acusados iraníes y libaneses, representa un desafío jurídico sin precedentes: por primera vez, la Corte habilita esta fórmula que permitiría adelantar la causa sin presencia física de los acusados. Para muchos en la comunidad judía, este paso es un avance simbólico, pero temen que vuelva a quedarse en las buenas intenciones sin traducirse en condenas concretas.
El peligro, apuntan críticos como la Agrupación por el Esclarecimiento de la AMIA, radica en que este juicio se convierta en un mero acto para subsanar formalidades, sin esclarecer quién ordenó ni financió el atentado. En relatos que repiten las sombras del pasado, muchos piden que se abra de una vez el acceso a todos los archivos secretos y se desmantele la red de encubrimientos que debilita la causa hasta hoy.
La desconfianza se apoya en hechos. Desde el nombramiento irregular de jueces hasta el manejo tortuoso de pruebas vitales, los procesamientos y absoluciones posteriores, todos abonaron una percepción de pendientes históricas. Y, como recordó la DAIA, que agrupa a más de 140 instituciones del judaísmo argentino, el derrumbe moral no es solo un asunto político: afecta la seguridad y dignidad de cada sobreviviente, familiar y ciudadano.
En este contexto, el actual juicio encarna un doble mandato: responder al clamor popular por justicia y restablecer la credibilidad institucional. Porque sin veredictos sostenidos en pruebas y condenas firmes, volverán los reclamos —y las heridas— seguirán abiertas. El país no puede permitirse otro fracaso.
Hoy, la comunidad judía argentina junta sus temores y esperanzas en una sola consigna: que el juicio no sea solo un acto, sino un paso real hacia la justicia. La impunidad no debe volver a ganar.
