El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de 12 años contra Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal, desatando un tsunami político que profundiza la polarización política colombiana. La decisión absuelve al expresidente de los cargos relacionados con manipulación de testigos en casos de paramilitares y llega en plena precampaña electoral de 2026. La derecha celebra la exoneración judicial de su líder histórico, mientras la izquierda denuncia impunidad e instrumentalización institucional. El fallo, que aún puede ser apelado ante la Corte Suprema, marca un punto de inflexión en uno de los procesos judiciales más largos y controvertidos de la historia reciente del país.
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria impuesta en primera instancia por la jueza Sandra Heredia. El magistrado Manuel Merchán fundamentó la decisión en la ausencia de pruebas directas, criticó la metodología de la sentencia inicial por supuestos “sesgos retóricos” y “premisas vagas”, y determinó que las escuchas telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena fueron obtenidas ilícitamente. El tribunal ordenó excluir estas pruebas por considerar que violaron el derecho a la intimidad del expresidente.
La absolución se produce tras más de 13 años de proceso judicial que comenzó cuando el senador Iván Cepeda denunció vínculos de Uribe con redes paramilitares en Antioquia durante los años noventa. El fallo llega en un momento crucial para la política colombiana, en plena precampaña para las elecciones de 2026, y desata reacciones polarizadas que evidencian las profundas fracturas de la sociedad sobre su pasado reciente. La magistrada María Leonor Oviedo salvó su voto, apartándose de la absolución por considerar que existían pruebas suficientes. La decisión puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia.
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Del debate parlamentario a la absolución: 13 años de litigio
El origen del caso se remonta a 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda presentó testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe con la formación de grupos paramilitares en Antioquia durante la década de 1990. Entre los testigos clave figuraba Juan Guillermo Monsalve, administrador de la hacienda Guacharacas propiedad de la familia Uribe, quien aseguró que los hermanos Álvaro y Santiago fundaron el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. En respuesta, Uribe demandó a Cepeda por presunta manipulación de testigos.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó el caso contra Cepeda y abrió investigación contra Uribe por intentar manipular testimonios a través de su abogado Diego Cadena. El proceso atravesó múltiples instancias hasta que en agosto de 2025 la jueza Sandra Heredia dictó un fallo histórico que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria, convirtiéndolo en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. El Tribunal Superior de Bogotá revocó esta sentencia tras determinar que el material probatorio era insuficiente y que las interceptaciones telefónicas fueron ilícitas.
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El fallo del tribunal: metodología cuestionada y pruebas excluidas
El magistrado Manuel Merchán concluyó que la sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas al construir inferencias sobre el dolo de Uribe sin respaldo objetivo. El tribunal determinó que las conversaciones interceptadas entre el expresidente y su abogado no acreditan directa o indirectamente que Uribe hubiera instigado el delito de soborno. El magistrado señaló que nunca existió orden judicial dirigida a interceptar el número de Uribe y que el error involuntario no desvirtúa la ilicitud.
El Tribunal Superior consideró que las escuchas fueron obtenidas de manera ilícita al concluir que la orden judicial se basó en información errónea y sin los motivos fundados exigidos por la ley. Los investigadores confundieron la línea del exmandatario con la de otra persona, sin verificar los datos correctos que obraban en el expediente, configurando una vulneración al derecho a la intimidad y al debido proceso. La Fiscalía no acreditó una vía alternativa lícita que condujera la prueba, por lo que se excluyeron las grabaciones. El tribunal también ordenó investigar a Carlos Enrique Vélez por posible falso testimonio.
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La izquierda denuncia impunidad y captura institucional
El presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo contundente a través de mensajes en la red social X, denunciando que el Tribunal repite la historia y contradice a la Corte Suprema al declarar ilícitas las interceptaciones telefónicas. El mandatario afirmó que el fallo tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio. Petro convocó a una movilización para el viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá para recolectar firmas del poder constituyente.
El senador Iván Cepeda, precandidato presidencial y víctima en el proceso, anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema y denunció que hubo una “clara tergiversación de las pruebas por parte del magistrado Merchán”. Cepeda destacó que la magistrada Oviedo consideró que existían pruebas suficientes. La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro y otros sectores de izquierda manifestaron que la decisión representa un ejemplo de cómo las instituciones han sido instrumentalizadas por las élites políticas y económicas, impidiendo el esclarecimiento de la verdad sobre los vínculos entre política y paramilitarismo.
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La derecha celebra la reivindicación de su líder histórico
El Centro Democrático y sus aliados celebraron la decisión como una reivindicación judicial de su líder histórico. La senadora María Fernanda Cabal declaró que la justicia debe devolver la confianza en las instituciones y que Uribe es un hombre inocente cuya única pasión es luchar por Colombia. Cabal anunció que insistirán al expresidente para que sea candidato a la vicepresidencia en 2026. La senadora Paloma Valencia expresó que siente el corazón aliviado y la esperanza victoriosa, reafirmando su confianza en la inocencia de Uribe.
El expresidente Juan Manuel Santos pidió respeto por el fallo del Tribunal, señalando que los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. El senador conservador Efraín Cepeda celebró que la resolución refleja la solidez de la institucionalidad colombiana. El exfiscal Francisco Barbosa utilizó la absolución para validar su decisión de solicitar dos veces la preclusión del caso, afirmando que nunca existieron pruebas. Para la derecha, el fallo refuerza la legitimidad de Uribe para liderar la oposición anti-petrista de cara a las elecciones de 2026.
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Implicaciones electorales y debate sobre el legado del uribismo
La absolución llega en un momento crucial para la política colombiana, en plena precampaña para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. El expresidente recupera plena libertad de acción para participar activamente en la contienda electoral, aunque el Consejo Nacional Electoral mantiene abierta una indagación preliminar sobre su candidatura debido al proceso judicial. El fallo fortalece la posición del Centro Democrático y facilita la construcción de un bloque de centroderecha. La polarización que genera el caso se proyecta como uno de los ejes centrales del debate electoral.
El caso reabre el debate sobre el legado del uribismo y los presuntos vínculos con el paramilitarismo que han sido objeto de investigaciones durante años. Testimonios de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso han señalado conexiones durante la gestión de Uribe como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, cuando promovió las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada conocidas como Convivir. La decisión, que aún puede ser apelada ante la Corte Suprema mediante recurso de casación, evidencia las profundas fracturas de la sociedad colombiana sobre su pasado reciente y su capacidad para administrar justicia en casos que involucran al poder político.
