Estados Unidos ha realizado nueve ataques contra embarcaciones desde septiembre, dejando al menos 37 muertos. Familiares de las víctimas aseguran que sus seres queridos se dedicaban a la pesca. Trump defiende las operaciones como legítimas bajo una orden ejecutiva que cataloga cárteles como organizaciones terroristas. Human Rights Watch califica los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales. Los dos últimos ataques se produjeron en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia, marcando una expansión de la campaña militar.
Estados Unidos ha llevado a cabo nueve ataques militares contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes desde principios de septiembre, dejando un saldo de al menos 37 personas muertas. Los siete primeros operativos tuvieron lugar en el mar Caribe, contra naves que salían de la costa venezolana. Los dos últimos, ejecutados en menos de 24 horas, se produjeron en aguas del Pacífico Oriental, cerca de Colombia. Se trata del primer operativo en esta zona y coincide con el choque entre el presidente colombiano Gustavo Petro y Donald Trump. La escalada militar ha generado denuncias de familiares que acusan al gobierno estadounidense de asesinar a pescadores inocentes bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.
En el centro de la última escalada está Alejandro Carranza, una de las víctimas de estos operativos. Según denunció Petro, Carranza habría muerto en el tercer ataque que los estadounidenses dirigieron contra una nave en las aguas del Caribe el pasado 16 de septiembre. Petro escribió que la barca colombiana que bombardearon los militares estadounidenses estaba a la deriva con una señal de socorro y el motor levantado. «No tenía vínculos con el narcotráfico. Su actividad diaria era la pesca», aseguró el mandatario colombiano. La familia de Carranza aún no sabe si el hombre está muerto o no.
«Él es pescador desde hace muchos años, toda su vida ha sido el mar», explicaba su mujer a la emisora La FM. «Sale a faenar por varios días, a veces hasta semanas, y no siempre hay señal para comunicarse. Por eso nosotros no podemos asegurar que haya muerto». Medios colombianos han publicado que el pescador contaba con antecedentes penales por haber participado en 2015 en una operación para devolver armas incautadas. No se ha presentado ninguna prueba que identifique a Carranza como narcotraficante. La directora de la división americana de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, recordó que las operaciones son ejecuciones extrajudiciales. «Sean o no narcotraficantes, no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza», escribió.
Para realizar los ataques, el Pentágono solo se ha acogido públicamente a la orden ejecutiva que firmó Trump en enero, donde catalogaba determinados cárteles como organizaciones terroristas. Ante las preguntas formuladas por el Congreso estadounidense, la administración Trump envió una carta interna donde respondía que Estados Unidos «está ahora en un conflicto armado» con el narcotráfico. Chad Joseph, de 26 años, sería otra de las víctimas. La madre de este joven de Trinidad y Tobago, Lenore Burnley, explicó que la última vez que supo algo de su hijo fue cuando él le dijo que iba a hacer un viaje corto en lancha para volver a casa. Chad Joseph vivía en Venezuela y se dedicaba a la pesca, según su familia.
Represión y supervivientes
Después del primer ataque anunciado el 2 de septiembre y que se cobró 11 vidas, en el pueblo venezolano de San Juan de Unare aparecieron familiares que se lamentaban de la muerte de ocho personas en ese operativo. Estos también eran identificados como pescadores que habían salido a trabajar y no habían vuelto. Las denuncias fueron rápidamente reprimidas por agentes de seguridad venezolanos: cortaron el suministro eléctrico y dejaron claro que los pronunciamientos públicos no estaban permitidos. Incluso eliminaron las publicaciones en internet. La represión gubernamental en Venezuela ha impedido que los familiares de las víctimas puedan expresar públicamente su dolor.
Los parientes de Andrés Fernando Tufiño Chila, uno de los pocos supervivientes, también aseguran que el hombre estaba pescando. Según Trump, Tufiño estaba a bordo de un «submarino cargado de droga» de camino a Estados Unidos. El hombre, de 41 años, y otro tripulante sobrevivieron al ataque, mientras que otras dos personas a bordo fueron asesinadas. La hermana de Tufiño cuenta que el hombre, que ya ha sido devuelto a Ecuador, «no es un criminal». Las autoridades ecuatorianas comunicaron que no tenían información sobre que Tufiño Chila hubiera cometido ningún crimen, aunque sí tiene antecedentes penales en Estados Unidos por haber introducido drogas en 2020.
El perfil de Tufiño muestra la realidad de muchos pescadores de los pequeños pueblos costeros del hemisferio sur, donde los ingresos son bajos y convertirse en traficante de droga puede suponer una mejora en la calidad de vida. En la guerra contra el narco que ha declarado Trump, raramente los perfiles que se abaten bajo la calificación de terroristas son los grandes líderes de los cárteles, sino pescadores que toman el riesgo de transportar la mercancía. Aun así, no está probado que todas estas personas sean narcos y, en caso de serlo, tampoco hay autoridad que justifique ejecutarlos en lugar de interceptarlos y juzgarlos.
Expansión de las operaciones al Pacífico
El secretario de Guerra Pete Hegseth confirmó que el Ejército atacó dos embarcaciones en el Pacífico Oriental, cerca de las costas de Colombia, en menos de 24 horas. El primer ataque, realizado el martes, se cobró la vida de dos personas. El segundo causó la muerte de otros tres supuestos terroristas. «Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada», escribió Hegseth en X. El jefe del Pentágono compartió un vídeo donde puede verse cómo un proyectil alcanza una lancha, que estalla en llamas.
«Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio», declaró Hegseth. En las últimas semanas, Estados Unidos ha estado aumentando su presencia militar en el Caribe, incluyendo destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados. Trump justificó los ataques negando que se tratara de pescadores. «Reconocemos la embarcación casi inmediatamente. Es bastante inusual ver a alguien con una caña de pescar y cinco motores en la parte trasera del barco», exponía Trump. También insinuó posibles operaciones terrestres sin concretar dónde.
Trump ha llamado «matón» a Petro y ha advertido que «más le vale vigilar lo que hace o tomaremos medidas muy serias contra él y su país». Trump defendió los ataques diciendo que «cada uno de esos barcos que es destruido está salvando 25.000 vidas estadounidenses». La semana pasada, Trump reconoció que había autorizado a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela. Petro ha calificado los ataques de calumnias y ha asegurado que se defenderá con abogados estadounidenses. El presidente colombiano denunció que «es un asesinato» y que «la estrategia de Estados Unidos rompe las normas del derecho internacional».
Especialistas jurídicos han dicho que la campaña es ilegal porque el ejército no tiene facultad de atacar deliberadamente a civiles que no participen directamente en hostilidades. La Casa Blanca ha dicho que los ataques son legales por defensa propia y porque Trump ha determinado que el país se encuentra en un conflicto armado formal con cárteles de la droga. No ha ofrecido públicamente una teoría jurídica que explique cómo salvar la distancia entre el tráfico de un producto ilícito y los ataques armados organizados. El Senado bloqueó a principios de octubre un intento de limitar la capacidad de Trump para ordenar ataques militares sin autorización del Congreso.
