El Senado argentino aprobó este jueves un aumento de 7,2% en las jubilaciones y pensiones, profundizando su enfrentamiento con el presidente Javier Milei, quien anunció que vetará la ley. El proyecto, que ya había recibido media sanción en Diputados a principios de junio, representa un costo fiscal cercano al 0,5% del Producto Interno Bruto, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La votación obtuvo 52 votos a favor y cuatro abstenciones, mientras que el oficialismo y sus aliados retiraron a algunos senadores de la sala en señal de protesta. Fiel a su estilo confrontativo, Milei advirtió: “Vamos a vetar y si el veto se cae, lo vamos a judicializar”.
Actualmente, la jubilación mínima ronda los 240 dólares mensuales, muy por debajo de la línea de pobreza, estimada en mil dólares para los adultos mayores. Además del aumento general, la ley eleva de 54 a 85 dólares un bono adicional para los jubilados de menores ingresos. “Aprobamos en el Senado una recomposición mínima para jubilados. No repara todo lo perdido, pero es un gesto necesario”, dijo tras la sesión el senador opositor Martín Lousteau.
No es la primera vez que Milei recurre al veto. En septiembre pasado, bloqueó un proyecto similar, y la oposición no logró reunir los dos tercios necesarios para revertirlo. Esta vez, el desafío se repite: el oficialismo es minoría en ambas cámaras, con apenas 39 diputados de 257 y seis senadores propios más un aliado de un total de 72.
Entre el ajuste y el costo político
El programa de ajuste fiscal del presidente, que incluyó recortes equivalentes al 4,7% del PBI, logró reducir la inflación anualizada de 211,4% en 2023 a 117,8% a fines de junio. Sin embargo, el desempleo subió al 7,9% y los jubilados, junto con empleados públicos, se cuentan entre los sectores más golpeados por la pérdida de poder adquisitivo.
Las protestas semanales de pensionados en Buenos Aires, algunas de las cuales terminaron en disturbios, se han convertido en el principal foco de resistencia a las políticas de Milei. Mientras tanto, el Senado, con esta votación, envía un mensaje claro: la crisis social no admite solo cálculos fiscales.
