El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia un sistema penitenciario al servicio del poder político, con prácticas sistemáticas de tortura, hacinamiento y violaciones a los derechos humanos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó en Caracas su informe anual correspondiente a 2024 bajo el título “Sin separación de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”. En el documento, la organización denuncia que el sistema penitenciario venezolano es utilizado como instrumento de represión política, sin controles independientes ni garantías judiciales efectivas.
Según el informe, se registran casos generalizados de tortura física y psicológica en centros de detención policial y penitenciaria, donde persisten condiciones infrahumanas: hacinamiento extremo, escasez de agua potable, deficiente atención médica, alimentación inadecuada y maltrato sistemático. La ONG señala que estos abusos se agravan por la falta de separación de poderes y la concentración absoluta del control en el Ejecutivo.
Testimonios recogidos en el informe describen a calabozos convertidos en espacios de castigo, prolongadas detenciones sin juicio, tratos degradantes y uso intencional del aislamiento como método de quebranto emocional. Varios detenidos denuncian no haber recibido atención médica adecuada pese a enfermedades graves, y familiares de internos reportan muertes por desnutrición y abandono.
El OVP exige una reforma profunda del sistema penitenciario venezolano que garantice condiciones dignas de detención, el cese inmediato de la tortura y el restablecimiento de mecanismos independientes de control judicial. La organización subraya que el uso político de las cárceles se ha intensificado en los últimos años, afectando tanto a presos comunes como a disidentes y ciudadanos detenidos arbitrariamente.
La publicación del informe se da en un contexto de creciente alarma internacional por la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde diversas organizaciones coinciden en señalar al Estado como responsable directo del deterioro sistemático de la legalidad penitenciaria y del uso del miedo como forma de control político.
