El Consejo de Seguridad de la ONU dedicó su debate trimestral al proceso de paz en Colombia, advirtiendo sobre su creciente fragilidad debido al aumento de ataques perpetrados por disidentes. Aun cuando el acuerdo sigue en pie, la expansión de la violencia amenaza con desbaratar sus avances.
En una sesión celebrada esta semana en la sede de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad analizó con preocupación la actual situación del proceso de paz en Colombia. El debate reflejó un consenso global en torno a una realidad alarmante: la persistente violencia, especialmente en zonas como el Catatumbo, pone en jaque los avances alcanzados tras la firma del acuerdo con las FARC en 2016.
El informe del Secretario General, presentado por Carlos Ruiz Massieu, destacó que aunque los niveles de violencia están lejos de las cimas de los años previos al acuerdo, los constantes ataques de disidentes del ELN y facciones rebeldes representan un riesgo creciente. La masacre en el Catatumbo, donde una familia fue asesinada junto a cuatro firmantes del pacto de paz, exponiendo una vez más la vulnerabilidad de las comunidades rurales, fue un episodio particularmente dramático.
Voceros de Francia, Reino Unido y Estados Unidos coincidieron en la imperiosa necesidad de proteger a líderes sociales y reafirmar el cumplimiento del acuerdo. La Unión Europea, en voz de su enviado especial, subrayó que debe combinarse la acción militar con el desarrollo territorial y el seguimiento judicial a crímenes de guerra, reforzando la JEP como herramienta central del sistema.
El gobierno de Gustavo Petro ha respondido con mayor presencia estatal en zonas rurales, apoyada por el «plan de choque» presentado ante la ONU en octubre de 2024, que busca acelerar la reforma rural, la sustitución de cultivos ilícitos y fortalecer la seguridad. Pero dichos esfuerzos se ven minados por la falta de recursos, recursos judiciales y los constantes hechos violentos, como denuncian organizaciones de derechos humanos y el propio Consejo.
La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para 2026-2027, un respaldo unánime de la comunidad internacional, fue interpretada como un voto de confianza en su compromiso con la paz. Sin embargo, el desafío interno sigue siendo sustancial: consolidar una paz resistente que no dependa únicamente del respaldo externo.
El debate deja una conclusión clara: ya no basta con firmar acuerdos. Hay que reconstruir el Estado en territorios históricamente abandonados, proteger líderes sociales, impulsar la justicia transicional, desmantelar las estructuras armadas y garantizar recursos financieros efectivos. Sin ello, el proceso —aunque formalmente vigente— corre el riesgo de desmoronarse.
Colombia está hoy ante una encrucijada: convertirse en un modelo de paz o revivir episodios trágicos del pasado. El Consejo de Seguridad lo sabe; ahora resta que Bogotá lo escuche… en todas las regiones del país.
