Miami-Dade, uno de los 67 condados del estado de Florida, ha anunciado medidas contra compañías que comercian ilegalmente con la dictadura cubana. “Tenemos una lista. Estamos colaborando con agencias federales y, en las próximas semanas, comenzaremos a enviar cartas a compañías que están violando la ley”, ha indicado a Martí Noticias el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández.
Fernández observa que hay compañías que se lucran con el hambre y la miseria de los cubanos. Es decir, comerciantes que mandan contenedores de comida a la isla y, posteriormente, los productos son vendidos a precios excesivos, “cuando el pueblo se muere de hambre. No podemos permitir que se sigan beneficiando de la tragedia cubana”.
Un reporte del periodista Mario Pentón indica este martes que el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, ha anunciado acciones “contundentes” contra los comercios que mantienen actividades comerciales con la dictadura cubana sin la debida autorización federal. “Usted llega a Estados Unidos, al sur de la Florida, a Miami-Dade, y trata de hacer negocios con la dictadura… por supuesto que tenemos la autoridad para detener que eso siga ocurriendo”, ha dicho Fernández al medio citado.
En una comunicación fechada el lunes, el recaudador indica que aplicará estrictamente el Estatuto Estatal 205.0532. Dicho estatuto otorga facultades a las autoridades locales para revocar las licencias de compañías que tienen vínculos con La Habana sin contar con permisos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Aunque el funcionario no dio cifras, asegura que tienen una lista y que colaboran con agencias federales. En consecuencia, en las próximas semanas, notificarán a las compañías que infringen la ley. “Cuando tengamos la posibilidad de hacer públicos esos nombres, lo haremos para que la comunidad lo sepa”, precisa Fernández.
Cada empresa que opera en el condado necesita un “local business tax” que le permite funcionar legalmente. Esa licencia puede ser revocada en caso de que la compañía o su matriz realicen negocios con Cuba violando las leyes estadounidenses. “Tenemos una unidad que, a través de diferentes medios, determinará si estos negocios están incumpliendo. A nivel del condado, si se les revoca la licencia, no podrán operar”, abunda el recaudador.
Fernández insiste que este es un tema de legalidad y de seguridad nacional. “El Estatuto de la Florida es claro. Si violan la ley federal, nosotros tenemos la autoridad para cerrar esos negocios. Esto no es político, es cumplir la ley y proteger a nuestra comunidad”, puntualiza.
En un contexto más amplio, hace un par de meses, un extenso reportaje de El Nuevo Herald, documentaba las nuevas medidas del gobierno Trump dirigidas a asfixiar al régimen comunista. Entre estas, la imposición de sanciones a empresas extranjeras que negocien con militares cubanos, considerando que se trata de un paso significativo en la implementación de una “política de mano dura contra Cuba” que prometió el secretario de Estado, Marco Rubio.
Esa medida hace parte de una campaña de máxima presión sobre el régimen comunista y las sanciones estarán dirigidas a cualquier empresa que brinde “apoyo directo o indirecto a empresas propiedad directa o indirecta del ejército cubano”. En la práctica, esta directriz amplía los efectos de las sanciones estadounidenses con incidencia en empresas de terceros países.
Las nuevas sanciones emergen de un memorando de seguridad nacional firmado por el presidente Donald Trump en el marco de la nueva política estadounidense hacia Cuba que busca poner fin a las prácticas económicas que benefician al régimen cubano, a sus agencias o personal militar, de inteligencia o de seguridad, en desmedro del pueblo cubano. Ese memorando amplía uno que ya había firmado Trump en su primera administración y busca, entre otras cosas, garantizar el cumplimiento de la prohibición de hacer turismo en Cuba, además de apoyar el embargo económico e intensificar los esfuerzos para ampliar el acceso a internet y el libre flujo de información a los cubanos.
Entre las disposiciones del memorando de la administración Trump también se ordena al Departamento del Tesoro y a otras agencias identificar las empresas vinculadas a las agencias militares y de seguridad cubanas y fijar regulaciones que prohíban las transacciones financieras directas o indirectas con dichas entidades o subentidades. El envío de remesas y los viajes legales no se verán afectados por la prohibición, aunque sí se realizarán auditorías periódicas de los viajes a Cuba y, de hecho, las empresas de remesas están bajo la lupa estadounidense.
Como es de amplio conocimiento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba controlan la economía a través del conglomerado GAESA que ya enfrenta las sanciones estadounidenses. A través del memorando, el Departamento del Tesoro ampliará la definición del término “funcionarios prohibidos del Gobierno de Cuba” para incluir a todos los empleados del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas y a todos los empleados del Tribunal Supremo, entre otros cargos y funcionarios del régimen.
Durante décadas el gobierno cubano ha eludido el embargo estadounidense comprando suministros a terceros países, además de poseer cuentas bancarias en el extranjero y asociarse con empresas extranjeras en empresas conjuntas. Las disposiciones de la administración Trump ahora tendrán a esas empresas en la mira. Se estima que las disposiciones del gobierno americano podrían generar tensiones diplomáticas en el futuro cercano con países europeos y americanos, como España, Canadá, México, Brasil, Alemania, Países Bajos o Italia, por la presencia de ciertas empresas en Cuba.
Las medidas de la administración estadounidense se encaminan a quitarle oxígeno al régimen cubano y han empezado a imponerse desde la llegada de Trump a la Casa Blanca con, por ejemplo, la re-inclusión de Cuba en la lista de los países que patrocinan el terrorismo, las restricciones de visa y las sanciones a funcionarios del régimen por vías diversas.
