El secretario de Transporte estadounidense cita un supuesto incumplimiento de México al obligar a reubicar vuelos, anuncia restricciones a líneas aéreas mexicanas y condiciona la continuidad de la alianza entre Delta y Aeroméxico. En juego: la competencia, el turismo y una tensión diplomática emergente.
La Casa Blanca regresó al primer plano. La administración Trump impuso este sábado medidas sin precedentes contra el sector aéreo mexicano: todos los vuelos del país vecino deberán ser aprobados por el Departamento de Transporte de EE.UU., y el gobierno amenaza con retirar la inmunidad antimonopolio que sustenta la alianza estratégica entre Delta y Aeroméxico —una colaboración operativa clave desde 2016.
El detonante oficial es la actuación del gobierno mexicano, que empezó hace años a reasignar vuelos desde el aeropuerto capitalino Benito Juárez hacia Felipe Ángeles —una terminal ubicada a más de 30 millas—, y restringir franjas horarias que, según Washington, violan el acuerdo bilateral de 2022. Una acción que le daría ventaja a las aerolíneas locales, en detrimento de las estadounidenses.
El portavoz, el secretario Sean Duffy, no tuvo medias tintas: “America First significa defender el principio de equidad”, dijo, y añadió que “esto sirve de advertencia a cualquier país que intente aprovecharse del mercado de EE.UU.”. Además criticó que EE.UU. permite a México incumplir “sin consecuencias”—y eso, según él, termina hoy.
¿Y el impacto? El golpe sería doble: las aerolíneas mexicanas —incluida Aeroméxico— tendrán que pedir permisos de operación anticipados, y Delta podría perder su alianza con su socia histórica —24 rutas y unos 800 millones de dólares en sinergias económicas estarían en riesgo. Esto no es un detalle técnico: la cancelación del acuerdo afectaría al turismo—se calcula una caída de hasta 230.000 viajeros—y a empleos y economías de ambos lados.
En México guardan silencio. El gobierno aún no ha respondido públicamente, aunque la propia presidenta Claudia Sheinbaum evitó comentar el asunto en actos recientes. Pero empresas y operadores ya advierten lo obvio: reducir rutas directas o eliminar la alianza Delta‑Aeroméxico pone en riesgo una franja esencial de conectividad continental.
Este movimiento llega en un contexto de creciente tensión comercial: aranceles, disputas sobre autos y el siempre latente proteccionismo de la administración anterior. Convertir una discusión aeroportuaria en un instrumento de presión bilateral abre un nuevo frente en la relación entre Washington y Ciudad de México.
Desde la perspectiva de Estados Unidos, se trata de defender derechos de sus aerolíneas y ciudadanos. Desde la mexicana, podría interpretarse como una intromisión en políticas nacionales de construcción aeroportuaria y descongestionamiento urbano. La línea que separa la diplomacia del chantaje económico se vuelve difusa cuando se trata del Caribe aéreo.
