El asesinato de niños y adolescentes en Ecuador aumentó un 50% en 2025, convirtiendo al país en uno de los territorios más peligrosos de América Latina para la infancia. Ezequiel, de cinco años, fue una de las 386 víctimas mortales de enero a agosto. Su madre busca justicia en medio de un sistema desbordado por la violencia del narcotráfico, mientras los barrios de Guayaquil se transforman en zonas de guerra donde las balas vuelan al azar y los niños ya no juegan en las calles.
En los barrios de Guayaquil el silencio se ha convertido en una estrategia de supervivencia. Los gritos de niños corriendo tras una pelota se extinguieron. La música que solía colarse desde los parlantes en las esquinas ha guardado un mutismo forzado. Ese silencio cotidiano solo se interrumpe cuando suenan los disparos de una pistola. Entonces, la gente se lanza al suelo, se aparta de las ventanas, se esconde bajo la mesa o en cualquier rincón que ofrezca refugio. Afuera, las balas vuelan al azar, como en una ruleta rusa donde cada disparo puede marcar el final de una vida.
Ezequiel, a quien todos llamaban Eze, tenía cinco años cuando una bala lo alcanzó en la puerta de su casa. Era una tarde de agosto en la calle Muisne, en el Suburbio de Guayaquil. El sicario dobló la esquina sin detenerse ni un instante. La pistola apuntó hacia adelante, los disparos comenzaron a caer uno tras otro contra su objetivo, un joven que estaba en medio de la calle. El sicario, un adolescente de 16 años, corrió con el brazo extendido hacia atrás, disparando a ciegas e intentando huir de la escena macabra que había dejado. Cerca del objetivo estaba Eze, quien no corrió. Se quedó paralizado en la puerta de la casa cuando una de esas balas alcanzó su espalda. Un golpe mortal.
Entre enero y agosto de 2025, Ecuador registró el asesinato de 386 menores de edad, lo que equivale a tres niños y adolescentes muertos cada 48 horas. Esta cifra representa un aumento del 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando fueron asesinados 258 menores. Según datos del Ministerio del Interior, el 91% de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego. El país suma 6.021 homicidios en lo que va del año, consolidándose como uno de los territorios más violentos de América Latina.
Una madre en busca de justicia
Milena Pincay, madre de Ezequiel, repasa cada uno de los detalles del día en que su hijo fue asesinado. A sus 26 años, no ha recibido ninguna respuesta que le ayude a sanar la pérdida. Vivían en la casa de los padres de ella, una pequeña vivienda donde el espacio que tenía Eze para jugar era también la cama donde dormía. Desde ese día, Milena ha centrado toda su energía en la búsqueda de justicia, reuniendo dinero y apoyo para cubrir los gastos legales de un proceso que parece interminable. El 25 de septiembre, en el tercer intento, finalmente se instaló la audiencia para formular cargos al adolescente de 16 años acusado de quitarle la vida a Ezequiel.
El joven que disparó es conocido en el barrio como hijo de unos miembros activos de una iglesia evangélica. Según Milena, los padres del adolescente están vendiendo su casa para intentar sacar a su hijo de la cárcel. El 4 de septiembre, Ezequiel habría cumplido seis años. Aunque todo estaba listo para la fiesta, Milena tomó algunas cosas y las llevó al cementerio. Al lado de la tumba de su hijo, entonaron el feliz cumpleaños, una forma amarga de recordarlo, pero también de enfrentarse a una realidad que nadie le había explicado cómo manejar.
Con 6.021 homicidios en lo que va del año, el luto se convierte en un proceso perpetuo en las zonas donde el narcotráfico arrebata la vida de niños y recluta a adolescentes como mano de obra para el crimen. Evandro Moreno, sociólogo del Centro de Estudios Sociales y Comunitarios (CESCU), quien trabaja en las zonas más violentas de Guayaquil, explica que donde el Estado se ha retirado de los barrios, quien toma y aplica su gobernanza es el narcotráfico, que impone normas y reconfigura las formas de cómo se relaciona el barrio. La supervivencia depende de estrategias casi rutinarias: no salir de la casa, no asomar la cabeza por la ventana, no ir solo a la escuela. La familia tradicional está siendo reemplazada por las estructuras del crimen organizado, y los niños crecen sin los pilares fundamentales.
Fragmentación del crimen organizado
La crisis de violencia en Ecuador tiene sus raíces en la fragmentación de las estructuras criminales tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de Los Choneros, en diciembre de 2020. Esta fragmentación generó una guerra territorial entre grupos como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers que se disputan el control de las rutas del narcotráfico, las cárceles y los territorios urbanos. Según la organización internacional Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), Ecuador cerró 2024 con al menos 37 grupos criminales activos, un aumento del 68% respecto a 2023. Los puertos de Guayaquil se han convertido en los puntos neurálgicos para enviar cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
El gobierno del presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 un conflicto armado interno contra el crimen organizado y dispuso estados de excepción y la militarización de las cárceles. Sin embargo, las cifras de violencia continúan en ascenso. Según UNICEF, el homicidio se ha consolidado como la primera causa de muerte de niños y adolescentes de entre cinco y 17 años en Ecuador. La tasa de homicidios de menores aumentó un 640% entre 2019 y 2023, pasando de 104 casos a 770.
El incremento de la violencia ha privado a cientos de miles de niños de acceso a servicios sociales. El cierre temporal de escuelas ha afectado a más de 4,3 millones de menores, mientras el reclutamiento forzado de adolescentes por grupos armados aumenta. Para las familias como la de Milena Pincay, la búsqueda de justicia se ha convertido en un camino solitario. El sistema judicial está desbordado, las audiencias se reprograman constantemente, y las familias deben asumir los costos legales sin apoyo del Estado.
La historia de Ezequiel es la historia de cientos de niños ecuatorianos cuyas vidas se truncaron por la violencia, el reflejo de un país que ha perdido su capacidad de proteger a los más vulnerables. Y mientras las cifras continúan aumentando, las madres siguen esperando justicia, celebrando cumpleaños en cementerios y preguntándose cuándo volverán a escuchar los gritos de los niños jugando en las calles.
