El presidente Daniel Noboa despliega un contingente inédito en Manabí ante una escalada de homicidios vinculada al narcotráfico. La medida, contundente, despierta tanto esperanza como interrogantes sobre su eficacia a largo plazo.
Ecuador vive una de sus crisis de seguridad más agudas en décadas. A finales de semana, la provincia costera de Manabí registró al menos quince asesinatos en apenas doce horas. El responsable: el pulso violento entre dos organizaciones emergentes del crimen organizado, Los Choneros y Los Lobos, clasificadas por el Gobierno como grupos terroristas desde enero de 2024.
La respuesta fue inmediata y contundente. El presidente Daniel Noboa ordenó el envío de 2.000 efectivos militares a Manabí para patrullar calles, puertos y zonas vulnerables, además de operar puntos de control de armas, explosivos y municiones. Se trata de una fase más en una estrategia de seguridad nacional que ya atravesó hitos anteriores, como el blindaje de puertos, cambios en la cúpula de las fuerzas armadas y operativos en otras ciudades del litoral.
La medida es drástica pero se ancla en una lógica de emergencia: redefinida como “conflicto armado interno”, la lucha contra el crimen ha sido elevada al nivel de guerra interna. El uso de medios bélicos encuentra respaldo en la nueva Ley de Inteligencia, aprobada en junio, que otorga amplias facultades al Ejecutivo en materia de interceptación, vigilancia y recolección de datos.
¿Será suficiente? Históricamente, las respuestas militarizadas contienen temporalmente la violencia, pero rara vez desmontan las estructuras criminales. El drama de Manabí se suma al agravante: Manta, la principal ciudad de la provincia, acumula más de 260 asesinatos en lo que va de 2025. Otras localidades como Montecristi y Jaramijó también han sido escenario de atentados con explosivos y ejecuciones selectivas.
Por otra parte, esta militarización despierta críticas desde sectores civiles y de derechos humanos. El Caso Las Malvinas, en el que cuatro menores fueron víctimas de desaparición forzada y asesinato durante un operativo militar, aún resuena en la memoria colectiva. Desde la Corte Constitucional hasta la Iglesia y organizaciones sociales, se advierte sobre los riesgos de una escalada que no distingue entre represión y prevención.
El arsenal no puede suplir la fragilidad institucional, judicial o policial que sufre Ecuador. La informalidad, la pobreza, el consumo de drogas y la influencia transnacional del narcotráfico representan raíces profundas que no se extinguen con tanques ni uniformes. El desafío, entonces, no es solo repeler la ola de crímenes, sino diseñar un sistema híbrido donde intervención, inteligencia y diálogo social funcionen como engranajes.
Noboa ha dotado a las fuerzas de blindados, ha ampliado los poderes de vigilancia e incluso ha recurrido a asesores externos vinculados a empresas de seguridad privadas. Pero en esta ecuación, la confianza ciudadana y el Estado de derecho deben ser más que variables decorativas. El desgaste vertical de seguridad sin contrapesos sociales coloca al país ante un peligro: que la militarización se convierta en rutina, y la democracia, en excepción.
El despliegue en Manabí es urgente, sí, pero su éxito debe medirse en respaldo comunitario, mejora judicial y reducción de causas estructurales. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad están en las calles, pero las razones del crimen siguen en las sombras del entramado social.
