El gobierno ecuatoriano ofreció este domingo una recompensa de 100.000 dólares por información que permita localizar al legislador Santiago Díaz Asque, acusado de violar a una menor de edad. La denuncia, hecha pública tras su expulsión del movimiento opositor Revolución Ciudadana, ha generado fuerte repercusión política y social en el país.
El ministro del Interior, Jhon Reimberg, anunció la recompensa a través de un mensaje en la red X (antes Twitter), asegurando que el monto será entregado a quien aporte “información verdadera y verificable” sobre el paradero del diputado. La Fiscalía ha confirmado que el caso está bajo investigación, aunque no ha proporcionado detalles adicionales.
El pasado miércoles, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en tres propiedades vinculadas al legislador, sin que hasta ahora se haya producido su captura. Díaz permanece prófugo y su paradero es desconocido. Tras ser separado de su partido, solicitó una licencia sin sueldo en la Asamblea Nacional, que le fue negada.
En una carta difundida en medios locales, el legislador rechazó la acusación y afirmó que se trata de una maniobra para “silenciar su voz crítica e incorruptible”. La denuncia, sin embargo, ha sido confirmada por instancias oficiales y la posibilidad de una condena de hasta 22 años de prisión está sobre la mesa si el caso llega a juicio y se prueba su culpabilidad.
La gravedad del hecho ha sido utilizada políticamente por el presidente Daniel Noboa, quien el viernes presentó un proyecto de reforma constitucional para habilitar la castración química en casos de violación. “La Asamblea tiene ahora la oportunidad de demostrar quién está con las víctimas y quién protege a los agresores”, declaró el mandatario.
La iniciativa ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores conservadores la respaldan, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el uso del punitivismo como herramienta electoral y por posibles violaciones a tratados internacionales firmados por Ecuador.
En paralelo, la Unión Europea y la ONU han llamado a que el proceso judicial se desarrolle con garantías y sin intromisión política. En redes sociales, la etiqueta #DóndeEstáDíaz se ha vuelto tendencia en las últimas horas, impulsada por colectivos feministas y agrupaciones juveniles.
Con el 1 de agosto como fecha clave para la discusión del proyecto de reforma, el caso Díaz se convierte en un nuevo campo de batalla entre justicia, política y opinión pública.
