El gobierno ecuatoriano ha firmado un contrato con la estatal china CNPC para ampliar la producción de gas en el golfo de Guayaquil. La medida busca blindar la generación eléctrica y reducir la vulnerabilidad del país frente a las sequías que han golpeado su matriz hidroeléctrica.
Ecuador ha decidido dar un paso estratégico en su política energética: firmó un contrato con la petrolera estatal china CNPC para duplicar la producción de gas natural en el campo Amistad, su única base offshore ubicada en el golfo de Guayaquil. El acuerdo, valorado en 78 millones de dólares, contempla trabajos de reacondicionamiento de cuatro pozos e instalación de una nueva plataforma a partir de octubre próximo. El objetivo es pasar de los actuales 20 millones de pies cúbicos diarios a más de 40, con destino a la generación de electricidad y al abastecimiento del sector industrial.
El campo Amistad se convierte así en pieza clave de una estrategia que combina urgencia y pragmatismo. Para el gobierno ecuatoriano, aumentar la producción de gas significa reducir la dependencia casi exclusiva de las hidroeléctricas, que aportan alrededor del 70% de la electricidad del país. La sequía de 2024 demostró la fragilidad de ese modelo: los embalses se agotaron y el país sufrió apagones de hasta 14 horas diarias, un golpe que afectó tanto a la vida cotidiana como a la actividad productiva. Con la llegada de una nueva temporada seca anunciada para septiembre, el refuerzo gasífero aparece como un salvavidas.
El acuerdo con CNPC no se limita a lo técnico. Expresa también la creciente presencia china en el sector energético latinoamericano, un terreno donde Pekín actúa como socio financiero, proveedor de tecnología y, en ocasiones, como único actor dispuesto a asumir riesgos que compañías occidentales evitan. Para Quito, el vínculo ofrece capital y know-how; para China, abre otra puerta de influencia en una región marcada por necesidades energéticas y fragilidad fiscal.
Las implicancias van más allá de la seguridad eléctrica. Duplicar la producción de gas implica replantear la política energética de un país que hasta ahora había apostado su reputación ambiental en las energías renovables y la defensa del Yasuní. La alianza con CNPC pone en evidencia una tensión de fondo: la necesidad de garantizar luz en las ciudades y motores en la industria frente a la aspiración de construir un modelo más limpio y sostenible.
Mientras tanto, la población observa con escepticismo una promesa que deberá traducirse en menos cortes de energía y tarifas más estables. La experiencia reciente ha enseñado que la vulnerabilidad del sistema eléctrico , además de ser un problema climático, es también de planificación y gestión. La apuesta por el gas puede aliviar la presión inmediata, pero abre interrogantes sobre el rumbo energético de Ecuador y su dependencia cada vez mayor de un socio tan influyente como China.
Lo que está en juego, en última instancia, es tanto el suministro eléctrico del próximo verano como la capacidad del país para definir un horizonte energético propio, equilibrado y sostenible.
