La condena a Fernando Sabag Montiel cierra más de tres años de proceso judicial en Argentina Brenda Uliarte, su expareja y partícipe necesaria del plan, fue castigada con ocho años de cárcel. Los fundamentos del fallo se conocerán en diciembre. La decisión del tribunal, adoptada por unanimidad, desestimó las peticiones de las defensas sobre la inimputabilidad de los acusados y ratificó la gravedad del hecho que conmocionó a Argentina hace tres años.
El veredicto llegó después de 15 meses de debate judicial y 44 audiencias en las que declararon más de 140 testigos, incluida la propia expresidenta. La sentencia unifica para Sabag Montiel una condena total de 14 años, tras sumarle cuatro años previos por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil hallado en su teléfono celular durante la investigación. El tribunal rechazó la solicitud de la defensa de declararlo inimputable por supuestos trastornos psicóticos, considerando que actuó con plena conciencia de sus actos cuando apuntó y gatilló contra Kirchner.
La fiscal general Gabriela Baigún había solicitado originalmente penas mayores en su alegato: 19 años para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte. El tribunal, integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, consideró que ambos fueron responsables del delito de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa, aunque desestimó los agravantes de alevosía y violencia de género que había incluido la acusación. La condena se fundamentó principalmente en la planificación previa y la coordinación entre ambos para ejecutar el atentado.
Brenda Uliarte fue condenada a ocho años de prisión como partícipe necesaria del intento de magnicidio. La acusación se basó en una extensa serie de mensajes de texto que la incriminaron en la planificación del ataque. Durante el juicio, quedó demostrado que Uliarte estuvo presente en las inmediaciones del domicilio de Kirchner la noche del atentado y mantuvo comunicación constante con Sabag Montiel antes y después del hecho. Su condena total suma ocho años y dos meses al incluir un año previo por falsificación de documento de identidad.
El tercer acusado, Nicolás Carrizo, fue absuelto después de que tanto la fiscalía como la querella retiraran la acusación contra él al no encontrar pruebas suficientes que lo vincularan con el plan criminal. Carrizo, señalado inicialmente como jefe de la banda llamada Los Copitos, permaneció tres años en prisión preventiva antes de ser liberado en agosto pasado durante la etapa final del juicio. El tribunal consideró que no existían elementos que demostraran su conocimiento o participación en el intento de asesinato.
En sus últimas palabras antes del veredicto, Sabag Montiel sostuvo que la causa estuvo armada y que le plantaron el arma. El acusado intentó vincular el caso con otros hechos políticos, mencionando la muerte del fiscal Alberto Nisman y teorizando sobre supuestas estrategias de la expresidenta. La jueza Sabrina Namer debió interrumpirlo en varias ocasiones, recordándole que sus declaraciones debían limitarse a los hechos del expediente. Durante el proceso, Sabag Montiel había admitido públicamente su intención de asesinar a Kirchner, justificando su accionar con argumentos políticos que los jueces desestimaron.
Violencia política en Argentina
El atentado ocurrió la noche del primero de septiembre de 2022, cuando Cristina Fernández de Kirchner regresaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Una multitud de simpatizantes se había congregado en la puerta del edificio para expresarle su apoyo durante los días finales del juicio por la causa Vialidad. Entre la multitud, Sabag Montiel se acercó a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta y gatilló una pistola Bersa calibre 32. El arma no se disparó porque la bala no estaba en la recámara, un detalle técnico que evitó la tragedia.
La ministra del Interior, Mónica Palencia, valoró en su alegato el contexto de violencia política que precedió al atentado, recordando los ataques al despacho de Kirchner en el Senado y episodios similares contra dirigentes políticas en la región. El tribunal consideró que el hecho representó una amenaza directa a la estabilidad democrática argentina y un precedente grave en la historia política reciente del país. Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el nueve de diciembre, cuando el tribunal explicará en detalle las razones jurídicas que llevaron a estas condenas.
El fallo cierra un capítulo judicial pero deja abiertas las investigaciones sobre la existencia de otros posibles participantes o financiadores del plan. La querella había señalado durante el proceso indicios sobre conexiones políticas más amplias, aunque estas líneas de investigación continúan en otras instancias judiciales. El caso marcó un punto de inflexión en la percepción sobre la seguridad de las figuras políticas argentinas y generó un debate profundo sobre el clima de polarización y violencia verbal que puede desembocar en hechos de extrema gravedad.
