Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero y julio de este año, 84.964 colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado y otros 62.414 sufrieron confinamiento. Los más afectados son los habitantes del Catatumbo, donde 73.053 personas tuvieron que abandonar sus hogares y 11.490 quedaron atrapadas por las restricciones que les imponen los grupos ilegales. El conflicto colombiano se ha transformado, la violencia se recicla y se multiplica, los actores armados ilegales se han concentrado en la captura de rentas ilícitas mientras que las comunidades quedan a merced de estos, desamparadas por el Estado y en medio de la disputa territorial de las mafias y las organizaciones criminales.
El más reciente editorial del diario El Tiempo señala que en los siete primeros meses de este año, Colombia ha visto un nivel tal de desplazamiento forzado equivalente a vaciar una ciudad del tamaño de Quibdó. El país enfrenta “una de las expresiones más crudas de la violencia armada en su fase actual, con un impacto humanitario que ya no admite maquillajes ni eufemismos”.
El medio colombiano indica que la violencia contra la población civil es un instrumento deliberado de control donde las masacres, los confinamientos y los desplazamientos masivos son armas de guerra recurrentes. El Estado es responsable por acción y por omisión: por un lado, su ausencia o presencia limitada ha dejado enormes vacíos y, por el otro, su benevolencia con los actores y grupos ilegales en mesas de negociación que no llegan a ningún puerto han facilitado que los criminales ocupen territorios e impongan un orden violento que viola los derechos y las libertades de la ciudadanía.
El informe de la Defensoría alerta el riesgo creciente en departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. Afrodescendientes, indígenas e inmigrantes en tránsito siguen siendo las comunidades más expuestas. El alcance y la dimensión de la violencia dan cuenta de un patrón nacional que exige una respuesta integral por parte del Estado colombiano en términos de presencia de la Fuerza Pública, pero también en términos institucionales, sociales y económicos. Las autoridades deben responder con el fortalecimiento de los planes de contingencia, el establecimiento de medidas de protección colectiva y las condiciones que permitan el acceso humanitario, observa El Tiempo.
El editorial del diario colombiano es concluyente: “El Estado no puede seguir administrando esta tragedia con cifras parciales o incluso incorrectas ni respuestas tímidas. Se requiere reconocer la magnitud de la crisis, recuperar el territorio con instituciones y devolver a las comunidades el derecho elemental a vivir sin miedo”.
Por otra parte, el investigador Andrés Macias Tolosa, analiza en el think tank Razón Pública que el agravamiento de los eventos de violencia en Colombia no son hechos aislados. La situación de orden público en el país evidencia un “nuevo ciclo de violencia” en tanto escenario de violencia más fragmentada y territorializada. “En las últimas dos semanas, el país ha registrado nuevos atentados y hechos violentos dirigidos contra la población civil y contra la Fuerza Pública, que siguen mostrando la evolución de las dinámicas de la violencia armada y de los repertorios de violencia –o de las prácticas y patrones– utilizados por los diferentes grupos que operan en el territorio nacional”, puntualiza Macias.
El experto documenta el atentado en Cali, el ataque al helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, la retención de 33 uniformados de las Fuerzas Militares en El Retorno, Guaviare y el ataque con gasolina, en zona rural de Villagarzón, Putumayo, a un subteniente y un soldado que realizaban operaciones contra el narcotráfico. En algunas de estas acciones las comunidades han sido instrumentalizadas por actores ilegales en contra de las Fuerzas legítimas del Estado. “Estos cuatro ataques no son aislados (pero tampoco son acciones planeadas y ejecutadas de manera articulada y sistemática a nivel nacional), son hechos violentos que ejemplifican la dinámica de violencia que se ha ido configurando recientemente en el país y que requiere una rápida adaptación por parte de las autoridades nacionales y locales para hacerle frente”.
Las acciones se han intensificado con el surgimiento y la aparición de nuevos grupos o actores y, también, con las nuevas fragmentaciones y divisiones de los grupos ya existentes. Todo ello complejiza el escenario de seguridad del país. Estos procesos han mostrado mayor violencia, mayor venganza y más retaliación.
Para el investigador es preciso identificar y comprender esas expresiones de violencia abocadas a unas fronteras subnacionales específicas donde el acercamiento del gobierno a los grupos ilegales realmente no ha dado resultados positivos sino que ha acentuado el nuevo ciclo de violencia. “Los ceses al fuego bilaterales, las mesas de negociación territorializadas y las conversaciones socio-jurídicas no han logrado disminuir la violencia en el país”.
De hecho, la división interna y la fragmentación de grupos armados ilegales es el factor que alimenta el actual ciclo de violencia del país. Aunque la negociación, en criterio del experto, no debe descartarse, sí se hace indispensable que la Fuerza Pública tenga una presencia firme, real y sostenida con operaciones focalizadas, innovación, inteligencia, eficacia y un carácter aún más regionalizado, indica el experto.
