Con su aprobación de la reelección indefinida, el presidente salvadoreño culmina un proceso de concentración de poder que recuerda a los patrones autoritarios de Hugo Chávez y Daniel Ortega. El «modelo Bukele» se extiende por América Latina inspirando a líderes como Milei, mientras la región enfrenta una nueva ola de populismo autoritario que combina éxitos en seguridad pública con la erosión sistemática de las instituciones democráticas.
La aprobación de la reelección indefinida en El Salvador marca el punto de no retorno en la deriva autoritaria de Nayib Bukele, consolidando un modelo de concentración de poder que trasciende las fronteras centroamericanas para convertirse en referente continental. El mandatario de 44 años de edad ha completado en apenas seis años un manual de transformación institucional que recuerda los patrones seguidos por Hugo Chávez en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, aunque adaptado a las realidades del siglo XXI. Su fórmula combina popularidad genuina, basada en resultados tangibles en materia de seguridad, con una estrategia de comunicación sofisticada que se apoya en las redes sociales para construir un vínculo directo con la ciudadanía, evitando la mediación de instancias tradicionales.
El jueves 1 de agosto, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó con 57 votos de los 60 escaños una reforma constitucional que elimina los límites temporales al mandato presidencial, extiende el período de cinco a seis años y suprime la segunda vuelta electoral. La decisión, adoptada en un trámite exprés sin debate público previo, representa la culminación de un proceso que se inició con el desmantelamiento del poder judicial en 2021 y la instrumentalización del estado de excepción declarado en marzo de 2022. Bukele defendió la medida argumentando que «el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno», en un mensaje publicado en inglés en la red social X que evidencia su intención de proyectar internacionalmente su modelo político.
El éxito de la mano dura
La clave del «modelo Bukele» reside en su capacidad para combinar resultados concretos en seguridad pública con la erosión gradual de los controles democráticos. El estado de excepción implementado tras una escalada de violencia atribuida a las pandillas MS-13 y Barrio 18 ha permitido la detención de más de 80.000 personas sin orden judicial, reduciendo la tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 2,4 en 2024. Esta transformación radical de la percepción de seguridad ciudadana ha generado niveles de aprobación superiores al 85%, convirtiendo a Bukele en el presidente más popular de América Latina según encuestas elaboradas por Consulta Mitofsky.
Sin embargo, este éxito en materia de seguridad ha tenido un coste institucional que organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch califican de «golpe mortal» a la democracia salvadoreña. El régimen de excepción, renovado sistemáticamente durante más de dos años, ha suspendido garantías fundamentales como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la inviolabilidad de las comunicaciones. Las detenciones masivas, concentradas principalmente en comunidades marginales, han generado denuncias de tortura y abusos que el gobierno niega pero que organizaciones internacionales documentan de forma sistemática.
La estrategia de Bukele trasciende la represión para incluir una dimensión propagandística sofisticada. La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), presentado como la cárcel más grande de América con capacidad para 40.000 reclusos, funciona tanto como instrumento punitivo como símbolo mediático de la «nueva era» salvadoreña. Las imágenes de miles de pandilleros semidesnudos, tatuados y hacinados en celdas de concreto se han convertido en contenido viral que refuerza la narrativa del orden restaurado tras décadas de caos.
La Internacional reaccionaria y el efecto contagio
El éxito electoral de Bukele ha inspirado a una nueva generación de líderes populistas que adoptan elementos de su estrategia comunicacional y su discurso de «mano dura». Javier Milei en Argentina incorpora el estilo confrontativo y la utilización de redes sociales para eludir los medios tradicionales, mientras que su retórica «anti-casta» reproduce la dicotomía pueblo-elite que caracteriza al populismo bukeliano. En Chile, José Antonio Kast ha adaptado propuestas de políticas migratorias restrictivas y seguridad ciudadana que recuerdan las implementadas en El Salvador, presentándose como candidato del «orden» frente al «caos» progresista.
Donald Trump ha elogiado públicamente las políticas de Bukele contra la violencia, estableciendo un vínculo simbólico entre el modelo salvadoreño y su agenda de «ley y orden». Esta conexión trasciende lo retórico, ya que Bukele fue el primer mandatario en felicitar a Trump por su reelección y ha adoptado elementos de su narrativa sobre la relación entre inmigración y criminalidad. La administración Trump ha señalado a los salvadoreños como integrantes principales de organizaciones criminales transnacionales, creando una tensión entre la cooperación política y la hostilidad migratoria que Bukele gestiona mediante un equilibrio pragmático.
Viktor Orbán en Hungría representa otro punto de referencia para el modelo bukeliano. Ambos dirigentes han utilizado crisis de seguridad —la migración en Hungría, la violencia pandillera en El Salvador— para justificar la concentración de poder y la limitación de libertades civiles. La estrategia común incluye la captura del poder judicial, el control de medios de comunicación y la utilización de consultas populares o referéndums para legitimar decisiones constitucionales controvertidas.
Nueva anatomía del autoritarismo millennial
La originalidad del modelo Bukele reside en su capacidad para combinar elementos del populismo tradicional latinoamericano con herramientas de comunicación digital que le permiten construir un vínculo directo con la ciudadanía. Su perfil en X, con más de seis millones de seguidores, funciona como canal oficial de gobierno donde anuncia políticas públicas, ataca a opositores y moldea la agenda informativa nacional. Esta estrategia de «democracia digital» elude la intermediación parlamentaria y mediática, presentando al presidente como única fuente de verdad oficial.
La construcción de su imagen pública incorpora elementos generacionales que lo diferencian de líderes autoritarios clásicos. Bukele se presenta como un político «cool» que utiliza gorras de béisbol, publica selfies con su familia y adopta un lenguaje informal de las redes sociales. Esta proximidad aparente contrasta con la concentración real de poder que ha alcanzado: control del Ejecutivo, mayoría absoluta en el Legislativo, dominio del poder Judicial y hegemonía mediática a través de campañas de desprestigio contra periodistas críticos.
El mandatario salvadoreño ha forzado al exilio a decenas de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos mediante una combinación de acoso judicial, campañas de descrédito y amenazas directas. La detención en mayo de 2024 de Ruth López, destacada investigadora anticorrupción de la ONG Cristosal, marca un punto de inflexión en la represión contra la sociedad civil organizada. López había documentado casos de corrupción gubernamental y irregularidades en la política de seguridad, convirtiéndose en símbolo de la resistencia intelectual al autoritarismo bukeliano.
El dilema de las democracias liberales
El «modelo Bukele» plantea un desafío para las democracias liberales occidentales. Su popularidad genuina, basada en resultados tangibles en seguridad pública y crecimiento económico, complica las narrativas tradicionales sobre autoritarismo que asocian la concentración de poder con el rechazo ciudadano. Los sondeos internacionales sitúan sistemáticamente a Bukele como el presidente mejor valorado de América Latina, con niveles de aprobación que superan el 80% y se mantienen estables pese a las críticas internacionales sobre erosión democrática.
Esta paradoja genera divisiones en la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) certificó la reelección de Bukele en 2024 como legítima, pese a reconocer irregularidades constitucionales, mientras que organizaciones europeas de derechos humanos han denunciado sistemáticamente el deterioro institucional salvadoreño. La Unión Europea mantiene programas de cooperación con El Salvador al tiempo que cuestiona el estado de excepción, reflejando las contradicciones de una política exterior que debe equilibrar valores democráticos con intereses geopolíticos.
El éxito del modelo bukeliano evidencia las limitaciones de las democracias liberales para competir con ofertas autoritarias que prometen soluciones inmediatas y sencillas a problemas complejos. La reducción dramática de la violencia en El Salvador contrasta con el deterioro de la seguridad pública en democracias vecinas como Honduras o Guatemala, fortaleciendo el argumento de que la eficacia gubernamental puede justificar la limitación de libertades civiles. Esta narrativa de «democracia vs. gobernanza efectiva» se extiende por la región, alimentando el crecimiento electoral de candidatos que prometen replicar la fórmula salvadoreña.
La consolidación de la reelección indefinida en El Salvador completa la transformación de Bukele de outsider democrático a autócrata consolidado, estableciendo un precedente que puede inspirar procesos similares en otros países de la región. Su modelo demuestra que el autoritarismo del siglo XXI no necesita uniformes militares ni manifestaciones masivas: basta con resultados tangibles, comunicación eficaz y erosión gradual de controles institucionales para construir hegemonías políticas que se presentan como expresión auténtica de la voluntad popular.
