El Tribunal Supremo cubano confirmó penas de hasta nueve años de cárcel contra quince manifestantes que en 2024 salieron a las calles a protestar por los apagones y la escasez de alimentos. Las sentencias reavivan el debate sobre la criminalización de la disidencia y el alcance de la crisis energética en la isla.
En marzo de 2024, ciudades como Santiago de Cuba, Bayamo y Santa Marta fueron escenario de marchas inusuales en el contexto cubano. Cientos de personas se volcaron a las calles en rechazo a apagones que alcanzaban trece horas diarias y a la falta de productos básicos. Fue una chispa encendida en un país acostumbrado a la contención social. Desde entonces, la respuesta del aparato judicial ha sido dura: ocho de los participantes recibieron entre seis y nueve años de prisión, otros cinco entre tres y cinco años, y dos fueron sentenciados a trabajos correccionales.
Las acusaciones abarcan desórdenes públicos, resistencia, desacato e instigación a delinquir. Se trata de figuras jurídicas recurrentes en el manejo de la protesta en Cuba, que permiten convertir expresiones sociales de descontento en delitos contra la autoridad. La represión busca dejar un mensaje claro: cualquier manifestación que trascienda el malestar privado será castigada con rigor.
La magnitud de la crisis energética explica el trasfondo. Cuba depende de ocho termoeléctricas obsoletas y de grupos electrógenos que consumen un combustible escaso. En agosto de 2025, los cortes alcanzaron en promedio quince horas diarias. Para una población de 9,7 millones de personas, la falta de luz se traduce en la imposibilidad de conservar alimentos, de garantizar servicios básicos e incluso de sostener actividades educativas y hospitalarias. El gobierno atribuye esta situación al embargo de Washington, que impide reparar y modernizar la infraestructura. Sin embargo, la persistencia de apagones y la incapacidad de ofrecer soluciones efectivas alimentan la frustración social.
El recuerdo del 11 de julio de 2021 sigue presente. Aquel estallido social dejó centenares de presos, algunos condenados hasta a veinticinco años. Desde entonces, cada nuevo brote de protesta se interpreta como una amenaza a la estabilidad del sistema político. El caso de Gibara, en septiembre de 2025, donde decenas se manifestaron tras veinte horas sin luz y semanas sin agua, confirma que el malestar no se extingue. Organizaciones como Cubalex o el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentan detenciones constantes y denuncian un subregistro de casos por miedo a represalias.
Las condenas recientes no solo castigan a quince individuos. Buscan disuadir a una sociedad entera de volver a salir a las calles. El mensaje del Partido Comunista es inequívoco: la protesta será tratada como delito, aunque el origen sea la penuria cotidiana.
Lo que queda en evidencia es una contradicción persistente. Mientras el gobierno defiende la legitimidad de su resistencia frente a Estados Unidos, muchos cubanos luchan día a día por resistir dentro de la isla a la falta de electricidad, agua y alimentos. En esa tensión se decide el presente inmediato de Cuba y también la posibilidad de imaginar un futuro que busque la luz.
