Cada 5 de agosto, La Habana se llena de silencios forzados. El recuerdo del Maleconazo, aquel estallido popular de 1994, sigue siendo una fecha incómoda. Este año, el gobierno respondió con detenciones breves, vigilancia policial y arrestos sin orden judicial.
En Cuba, el pasado no es historia: es una zona de vigilancia activa. Cada aniversario incómodo pone en marcha el viejo engranaje represivo. Este 5 de agosto, a 31 años del llamado “Maleconazo” —la única protesta que desafió directamente a Fidel Castro mientras ostentaba el poder—, activistas, periodistas y familiares de presos políticos reportaron haber sido confinados en sus casas, detenidos por algunas horas o vigilados por agentes sin identificación.
La imagen de Castro de camisa blanca enfrentando a los manifestantes en 1994 ha sido mitificada por el régimen. Pero detrás de ese gesto teatral se esconde la fuerza bruta de una maquinaria que nunca dejó de perfeccionarse. Aquel estallido, originado en el desespero económico de los años posteriores al colapso soviético, fue la antesala de la “Crisis de los Balseros”, cuando miles de cubanos huyeron por mar buscando en Florida lo que no hallaban en la isla. Desde entonces, cada 5 de agosto es leído por el gobierno no como una fecha para la reflexión, sino como una amenaza.
Esta vez, las medidas incluyeron cortes selectivos de internet, arrestos domiciliarios sin orden judicial y presiones preventivas sobre activistas conocidos. El disidente Manuel Cuesta Morúa fue “sitiado” por la policía desde la madrugada. La periodista independiente Camila Acosta reportó la presencia constante de un oficial en la puerta de su casa. El diario 14ymedio, dirigido por Yoani Sánchez, denunció la detención de su editor Reinaldo Escobar durante varias horas. Todos los patrones de represión conocidos se repitieron como si de un manual se tratara.
Cubalex, la ONG con sede en Miami que monitorea derechos humanos en la isla, denunció al menos una docena de casos similares, incluyendo a integrantes de las Damas de Blanco y familiares de jóvenes presos tras las protestas del 11 de julio de 2021. Aquel levantamiento, el mayor desde 1959, sigue resonando en la memoria política de la isla, al igual que el Maleconazo. Ambos representan lo que el gobierno intenta evitar a toda costa: la imagen de una ciudadanía desbordando el miedo.
El presidente Miguel Díaz-Canel, por su parte, optó por el discurso de la conspiración. Desde su cuenta en X (antes Twitter), escribió que “siempre habrá fuerzas oscuras acechando a una Revolución genuina en momentos difíciles”, acompañando el mensaje con una fotografía de Castro de espaldas a la multitud. El mensaje es claro: la unidad del poder se sostiene en la imagen del líder frente al caos, aunque la realidad actual muestre una población más empobrecida, más desconfiada y, sobre todo, más conectada con el exterior.
El verdadero problema para el gobierno cubano no es que la gente recuerde el 5 de agosto. Es que todavía sigan encontrando razones para repetirlo. En una isla donde las fechas duelen y el pasado no se deja enterrar, cada aniversario se convierte en una oportunidad para exigir presente. Y eso, en un sistema construido sobre el control total, sigue siendo inaceptable.
