El próximo 1° de septiembre es una fecha que empieza a pesar en la Casa de Nariño. Ese día vence el contrato con Thomas Greg & Sons para la emisión de pasaportes colombianos, y el gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra en una frenética carrera para concretar el pase de esta tarea al Estado, mediante un acuerdo con Portugal —y su Casa da Moeda— y la Imprenta Nacional.
Según el diario colombiano El Espectador, el ritmo de expedición es intenso: alrededor de 10.000 pasaportes diarios. La urgencia no es menor: cualquier retraso podría dejar a cientos de miles de colombianos sin documento de viaje al inicio del próximo ciclo académico, laboral o turístico.
La propuesta que aún no se ha cerrado combina un contrato de diez años por unos US 750 millones, en el que Portugal trabajaría en consorcio con Francia (Imprimerie Nationale) para fortalecer capacidades a la Imprenta Nacional, con miras a una transición definitiva hacia 2035. Pero ese borrador enfrentó reparos internos: tres cancilleres —Leyva, Murillo y Sarabia— abandonaron el proceso entre denuncias de falta de claridad técnica, riesgos en costos, tipo de cambio y capacidad operativa de la entidad estatal. La salida de Sarabia, quien advirtió de un inminente colapso logístico a partir de septiembre, ilustra bien las fisuras.
El presidente Petro, por su parte, acusa a Thomas Greg —una firma con casi dos décadas de protagonismo en pasaportes y logística electoral— de tener un sistema monopólico y privilegiado, y busca que la soberanía pase por manos públicas . Sin embargo, ese impulso estatal topa con flancos legales y técnicos: la Procuraduría investiga a Sarabia, Murillo y Alfredo Saade, el jefe de despacho presidencial que asumió la coordinación del tema.
Con este telón, el gobierno ya declaró una “urgencia manifiesta” para extender el contrato con Thomas Greg por 11 meses —hasta mediados de 2026—, intentando blindarse ante cualquier falla o desabastecimiento. La solución, constructiva a corto plazo, encierra retos a largo plazo: ¿alcanza la Imprenta nacional sus metas técnicas? ¿La Casa da Moeda de Portugal asumirá con Francia los riesgos de tipo de cambio e inversión? ¿Garantizará la cooperación sin costos adicionales al usuario?
Para cuentas claras: el precio actual es de cerca de $186.000 COP (incluye impuestos), pero según el borrador, se pagaría en euros —17 € por pasaporte más costos logísticos y ajustes inflacionarios—, lo que podría elevar el precio final. Además, el memorando contempla cláusulas que obligan a Colombia a cubrir eventuales gambetas financieras sin reclamos.
Este es, en esencia, un dilema de soberanía: despatrimonializar un servicio apalancado por una firma privada, y fortalecer uno público con apoyo internacional. Pero también es un dilema de confianza institucional: ¿puede la Imprenta —ya cuestionada por Producción de cédulas para migrantes y retrasos— asumir la carga sin tumbar el servicio? Al gobierno le queda poco más de un mes para firmar, acordar condiciones justas y garantizar la continuidad. De lo contrario, el paso al modelo público corre el riesgo de convertirse en una crisis burocrática que acabe costando más que los millones involucrados.
