Yasunidos ha demandado a la fundación estadounidense Come to the Rainforest y al Estado ecuatoriano por intentar contactar pueblos indígenas en aislamiento. El caso apunta al corazón del Yasuní, donde habitan los Tagaeri y Taromenane, grupos que han decidido permanecer al margen del mundo exterior.
La denuncia no es un gesto simbólico. La Constitución de Ecuador reconoce su derecho al aislamiento. La Corte Interamericana, este mismo año, condenó al Estado por no protegerlos adecuadamente. El contacto no solicitado, incluso con fines altruistas, expone a estos pueblos a epidemias mortales. Su vida depende de su aislamiento.
Lo grave es que la fundación, dirigida por Karen Duffy, intentó acercarse a ellos usando intermediarios waorani, según Yasunidos. Alegan que se vulnera la ley ecuatoriana y los estándares internacionales que prohíben forzar el contacto.
El Estado ecuatoriano también es demandado. La omisión es complicidad. Permitir que organizaciones privadas, sean religiosas, misioneras o ambientales, actúen sin control es abrir la puerta al etnocidio. La pena por esta figura en Ecuador llega hasta 19 años de cárcel.
Hay quienes creen que estos pueblos necesitan ser “descubiertos” o “ayudados”. Pero su aislamiento no es ignorancia. Es una decisión política, espiritual y cultural. Es su forma de resistir a un mundo que, históricamente, los destruyó.
La pregunta es simple: ¿protegerá Ecuador a los más vulnerables entre sus ciudadanos o los dejará expuestos al turismo espiritual disfrazado de filantropía?
La respuesta no está en los tribunales. Está en la acción concreta para garantizar que el derecho a la vida, en sus propios términos, se cumpla en el Yasuní.
