La principal organización indígena de Ecuador, CONAIE, concluyó este domingo su VIII Congreso en Quito, marcado por la renovación de liderazgo, la expulsión de legisladores del movimiento político Pachakutik y el desafío de definir una agenda social y política clara en medio de crecientes tensiones con el gobierno.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la mayor organización social del país, puso fin este domingo a su VIII Congreso en Quito, un evento de profunda trascendencia política y cultural. Durante tres días, alrededor de 500 delegados de 18 nacionalidades debatieron su rumbo político, renovaron autoridades y tomaron decisiones que resonarán en la coyuntura nacional .
El relevo al frente de la organización, tras el liderazgo de Leonidas Iza desde 2021, fue el asunto central. Cinco candidaturas se disputaron la presidencia, en un proceso tenso: persiste la tensión entre continuidad y renovación, entre sectores que reclaman una dirección firme y quienes exigen un liderazgo más colegiado .
En paralelo a esta discusión interna, el Congreso aprobó una de sus resoluciones más polémicas: la expulsión de seis legisladores afiliados a Pachakutik que habían votado con el gobierno presidencialista . La medida subraya la distinción, cada vez más marcada, entre la estructura social de la CONAIE y su brazo político, que busca mantener la independencia frente a alianzas gubernamentales.
Además, los delegados exploraron temas internos recurrentes: revisión de estatutos, fortalecimiento del control organizativo, e impulso de mesas de trabajo sobre salud, territorio, educación y géneros. Echó raíces el reclamo por una mayor autonomía de las bases frente a una cúpula que algunos consideran distante .
Este Congreso se desarrolla en un contexto nacional complejo: los recientes conflictos sociales del Paro Nacional, la polarización política, y las nuevas tensiones con el Gobierno evidenciaron el peso de la CONAIE como actor social y político. El llamado a la unidad y a la autodeterminación refleja una búsqueda por afirmar su voz, tanto en la calle como en la institucionalidad.
El desafío que asume esta nueva dirección es mayor que la sucesión interna: debe traducir la movilización histórica —que inició en 1990 y produjo avances constitucionales y reconocimiento de derechos— en una propuesta articulada capaz de incidir en políticas públicas efectivas. Salud, educación intercultural y protección territorial son los reclamos, pero también lo es la capacidad de negociar sin perder legitimidad.
Este Congreso es considerado como parte de la historia contemporánea de un movimiento que ha sido decisivo en la política ecuatoriana. Ahora, la pregunta es si logrará superar sus contradicciones internas y hacer de la unidad un instrumento de fortalecimiento real, capaz de llegar más allá de Quito y de sus propias bases.
