Ocho años después del acuerdo de paz, más de 200 mil personas siguen desaparecidas por la violencia armada. Las cifras se acumulan, pero las respuestas no llegan.
La guerra no termina cuando se firman los acuerdos. En Colombia, la violencia dejó de estar en los titulares internacionales, pero sigue latiendo en las montañas, en los barrios periféricos, en las morgues sin nombre y, sobre todo, en los hogares donde falta alguien. La Comisión de la Verdad ha documentado más de 200 mil desapariciones relacionadas con el conflicto armado, muchas de ellas aún sin esclarecer, sin duelo, sin justicia.
El reciente reportaje del diario brasileño Folha de S.Paulo recoge el drama de quienes buscan a sus familiares perdidos en medio siglo de violencia. Lo llama “calvario”, y no exagera. Porque esa búsqueda se convierte en una forma de vivir: con el cuerpo presente en la vida cotidiana y la mente atada a un pasado que no libera. Más de 1.900 casos fueron documentados solo en la región del Cauca, donde grupos armados aún disputan el control territorial. Las cifras oficiales indican que el 81 % de los desaparecidos son hombres menores de 30 años, pero detrás de cada número hay una madre, una hermana, un hijo que todavía pregunta dónde está su ser querido.
La firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las FARC prometía el comienzo de un proceso de reconciliación. Pero el posconflicto no llegó con verdad plena. Grupos disidentes, bandas criminales y organizaciones emergentes continuaron secuestrando, reclutando y ejecutando. La violencia mutó, pero no se extinguió. Hoy, Colombia vive un conflicto fragmentado, menos visible, pero igualmente devastador.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), creada tras el acuerdo, enfrenta retos inmensos. Falta presupuesto, acceso a información militar, protección a testigos. Además, muchas de las zonas donde se presumen enterramientos clandestinos siguen bajo control de actores armados. La búsqueda requiere tiempo, seguridad y voluntad política. Ninguna de esas condiciones está garantizada.
Más allá de la responsabilidad estatal, la sociedad colombiana carga una deuda moral con sus desaparecidos. La memoria pública sigue marcada por el silencio o la indiferencia. Algunos sectores aún consideran que hablar de desaparecidos es “revivir heridas”, cuando en realidad es lo contrario: callar perpetúa el trauma. La memoria, abordada con honestidad, ofrece caminos de sanación.
Colombia no es el único país de la región con esta herida abierta. México, El Salvador, Guatemala y Perú comparten historias similares: guerras internas, represión, dictaduras, conflictos criminales. La violencia, además de causar muerte, impone desaparición, fragmenta identidades y arrasa memorias.
Frente a esa tragedia, la esperanza viene de abajo. Son las organizaciones de familiares, las redes comunitarias, los forenses humanitarios quienes mantienen viva la búsqueda. Son ellas quienes dignifican el recuerdo, quienes sostienen con fotos, nombres y fechas lo que el Estado no ha podido reconstruir.
Colombia necesita paz, sí, pero necesita también verdad, duelo y restitución. Porque ningún proceso de reconciliación estará completo mientras cientos de miles sigan esperando respuesta a la pregunta más básica y más insoportable: ¿dónde están?
