Las acusaciones del presidente Gustavo Petro contra Washington por “ejecuciones extrajudiciales” en el Caribe y el Pacífico abren una de las crisis más graves en décadas entre Bogotá y su principal socio histórico. La ofensiva naval ordenada por Donald Trump ha dejado 37 muertos y una tormenta política de proporciones hemisféricas.
Bogotá.– El eco de los cañones resuena más allá del mar. Las denuncias del presidente Gustavo Petro contra Estados Unidos marcan un punto de ruptura en una relación que durante medio siglo se presentó como modelo de cooperación antinarcóticos. “Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales”, dijo el mandatario colombiano, al referirse a los ataques ordenados por Donald Trump contra embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico.
El despliegue estadounidense, sin precedentes recientes, incluye destructores, buques de fuerzas especiales y un submarino nuclear. Según fuentes militares de Washington, las operaciones han neutralizado nueve embarcaciones y causado la muerte de 37 personas. Para el gobierno colombiano, esos operativos no son acciones de combate legítimas, sino violaciones del derecho internacional y del principio de soberanía marítima.
Petro sostiene que varios de los fallecidos eran “obreros del narcotráfico”, pescadores atrapados por la miseria y las redes criminales. La Cancillería ha convocado al diplomático estadounidense John McNamara para un diálogo urgente y, al mismo tiempo, ha devuelto a su embajador en Washington tras una semana de consultas.
La reacción desde la Casa Blanca fue de furia. La portavoz Karoline Leavitt calificó a Petro de “líder desquiciado”, mientras Trump lo llamó “maleante” y “narcotraficante”. El intercambio verbal elevó la tensión a niveles inéditos. El expresidente republicano, en campaña para consolidar su nueva estrategia de “guerra total contra las drogas”, retiró a Colombia de la lista de aliados preferenciales y suspendió la ayuda financiera, que en 2023 superó los 740 millones de dólares.
Petro ve en esta ofensiva algo más que una política antidroga. Habla de un intento por “derribar gobiernos progresistas y tomar el petróleo de Venezuela”. Su discurso mezcla la defensa de la soberanía latinoamericana con una crítica abierta al militarismo estadounidense. “Cualquier agresión terrestre sería una invasión”, advirtió.
Mientras tanto, los cuerpos sin identificar de los muertos flotan entre la espuma y el silencio. Detrás de la retórica, el choque revela un cambio profundo: Colombia ya no se comporta como el socio obediente de Washington. El viejo consenso de la “guerra contra las drogas” se resquebraja, y lo que emerge es una nueva geografía de poder en América Latina, más desconfiada, más fragmentada y quizá más libre.
