El fracaso de la ‘paz total’ y los sucesivos escándalos del alto gobierno colombiano han marcado la agenda informativa en Colombia. Sigue siendo una incógnita y un gran misterio cómo fue que la familia presidencial y altos funcionarios del gobierno y sus familias, de origen modesto, progresaron tanto y devinieron en élites emergentes con aumentos patrimoniales exponenciales y estilos de vida suntuarios en esta etapa progresista de la gestión del poder. Nada es imposible en Colombia, país de ávidos y fervientes creyentes, donde fe y poder, valga decirlo, se avienen y todo lo pueden.
Aunque el mandatario colombiano se erigió con un discurso de cambio y prometía eliminar la corrupción y los vicios de la política tradicional, lo que ha sucedido es que su gobierno los ha potenciado. Durante 2025 se profundizaron los problemas de seguridad, salud y educación en Colombia.
Gustavo Petro, quien hizo campaña con la bandera del cambio y de la lucha anticorrupción, termina este año con severos cuestionamientos en todos los frentes. Pareciera que el presidente libra una guerra frontal contra el mérito y la probidad, como evidencian los nombramientos y las designaciones en altos cargos del Estado, así como las medidas para desincentivar la formación profesional y la idoneidad para el ejercicio de la función pública y diplomática.
Adicionalmente, varios de sus altos funcionarios, colaboradores cercanos y de confianza, se han visto implicados en grandes escándalos de corrupción, algunos ya están siendo procesados por la justicia, tienen medidas de aseguramiento y empiezan a deslizar nombres de funcionarios y responsabilidades compartidas en inapropiadas actuaciones gestionando los asuntos del Estado. El nombre de la poderosa excanciller, hoy embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, nuevamente sobresale y no por las mejores razones.
Sus exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, han sido imputados por la Fiscalía y detenidos la última semana, como presuntos cerebros del plan para comprar votos en el Congreso, con plata del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), todo ello para, supuestamente, sacar adelante las ‘reformas sociales’ del gobierno. Velasco ha pronunciado con claridad el nombre de Laura Sarabia, indicando que, por órdenes de Petro, le pidió un cargo para Olmedo López.
“La senadora Martha Peralta, ponente de una de las reformas, fue, según la Fiscalía, una especie de bisagra para que el Ejecutivo pudiera torcer voluntades, también con plata de Invías. Carlos Ramón González y César Manrique, amigos del jefe de Estado hace décadas y puestos por él en altos cargos, huyen de la justicia por ese mismo robo. La violación de topes electorales y los líos por sus negocios personales siguieron rondando al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. A eso se le suma la supuesta infiltración de las disidencias de alias Calarcá en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Los nombramientos polémicos siguieron: el caso de Juliana Guerrero y la falsificación de su diploma para acceder al Viceministerio de las Juventudes fue el más sonado”, así resume El Tiempo los principales escándalos del gobierno este año.
Los problemas fiscales y presupuestales también han ocupado la atención de los colombianos y de los medios. Por un lado, la obscena y grosera corrupción, el robo de recursos públicos y, por el otro, anuncios de reformas tributarias, emergencia económica y recaudación de más y de nuevos impuestos, exacerban los ánimos y la paciencia de los ciudadanos esta navidad. La percepción mayoritaria de los colombianos es que el país va por mal camino bajo la actual administración. La situación de orden público es la mayor preocupación.
Otro evento que acaparó la atención mediática fue el caótico primer consejo de ministros televisado. Este tuvo lugar a inicio del año, el 4 de febrero, y marcó un antes y un después en el gobierno. “El petrismo pura sangre cuestionó al presidente por la llegada de Armando Benedetti a la jefatura de Despacho y de Laura Sarabia a la Cancillería. Quienes cuestionaron al mandatario, entre ellos Francia Márquez, Susana Muhamad y Gustavo Bolívar, salieron del gabinete. El Gobierno pretendió utilizar la figura de la alocución presidencial para forzar a los medios a transmitir sus consejos ministeriales en directo. El Consejo de Estado le puso freno a esa estrategia”, explica el diario colombiano.
Meses más tarde, tuvo lugar el magnicidio de Miguel Uribe. Esta muerte ha impactado al país y ha hecho parte de la agenda informativa en Colombia durante 2025. Uribe Turbay fue atacado por sicarios el 7 de junio, durante un mitin en un barrio al occidente de la capital colombiana. Las imágenes previas al ataque muestran la precariedad de las medidas de protección que tenía el joven líder político y opositor. Uribe Turbay falleció el 11 de agosto, tras permanecer en cuidados intensivos más de dos meses. “Ese crimen revivió el fantasma de los magnicidios en Colombia, que no se registraban desde hace 30 años, con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. El crimen de Miguel, quien era una de las promesas políticas del país, es un desafío para la institucionalidad de cara a las elecciones y deja una herida abierta en la democracia”, indica El Tiempo.
La crisis del sistema de salud este año se ha profundizado aún más: “aumentos en las deudas, quejas de los usuarios y un déficit histórico. La información reportada por todas las EPS a la Supersalud hasta octubre muestra una siniestralidad superior al 111 %, el nivel más alto registrado. Entre enero y septiembre de 2025, las peticiones, quejas, reclamos y denuncias aumentaron un 32 %, mientras las tutelas relacionadas con servicios de salud crecieron un 22 % frente al mismo periodo del año anterior”.
Las instituciones y el equilibrio de poderes han sido puestos a prueba por el gobierno. La buena noticia es que las instituciones han podido frenar exabruptos presidenciales y del gobierno. Este año, en plenaria del Senado, se negó, con 52 votos negativos frente a dos positivos, una consulta popular. La amenaza de acudir al pueblo y a la calle han sido constantes por parte del gobierno para tratar de desdibujar el rol de las instituciones cuando no dan vía libre a sus propuestas. Aun campea en el aire como fue que hordas que estuvieron realizando violentas protestas y amenazaban con incendiar el país, si no se producían cambios, facilitaron el ascenso de la izquierda y hacen parte de su base electoral.
La crisis humanitaria y de seguridad es otro gran tema que ha acaparado la agenda informativa en Colombia durante 2025. La guerra y disputa territorial por el control de economías ilegales, en varias zonas del país, entre organizaciones criminales terroristas, como el ELN y las disidencias de las Farc, entre otras, han causado la crisis humanitaria más grave de los últimos años, con miles de desplazados e incremento de la violencia. La crisis humanitaria y de seguridad que vive Colombia es la postal más eficiente del estruendoso fracaso de la ‘paz total’ que sigue golpeando varios departamentos y regiones del país.
El fracaso del gobierno y la ausencia del Estado colombiano, su incapacidad de ejercer el monopolio de la fuerza sobre todo el territorio nacional y garantizar la vida de los colombianos, ha facilitado la expansión de los grupos criminales y la consecuente expansión de narcocultivos, estos hechos llevan al otro gran evento acaecido este año: la descertificación del gobierno estadounidense a Colombia por el crecimiento desbordado de narcocultivos que pasaron de 253.000 hectáreas a unas 262.000 el año pasado. La producción de cocaína sigue en máximos históricos.
La educación y los sucesivos recortes para la financiación de estudios de postgrado merecen un capítulo aparte, han terminado por quitarle la máscara al actual gobierno al desvelar sus prioridades y apuestas reales.
