El gobierno de Gustavo Petro decidió suspender la extradición a Estados Unidos de Willington Henao Gutiérrez, conocido como ‘Mocho Olmedo’, líder de una disidencia de las FARC acusado de narcotráfico.
El argumento oficial es simple: su permanencia en Colombia facilitará las negociaciones con su grupo armado y reforzará la estrategia de “paz total”. Para Petro, mantenerlo en el país permitiría avanzar en el desarme y reducir la violencia en varias regiones.
Pero la decisión no convence a todos. Desde la oposición y algunos sectores sociales critican que se premie a líderes criminales sin haber entregado las armas. Para Estados Unidos, además, la medida representa un freno a la cooperación judicial y un mensaje ambiguo sobre la lucha contra el narcotráfico.
Colombia revive así un viejo dilema: ¿es legítimo suspender la justicia en nombre de la paz? La respuesta divide opiniones. Para unos, se trata de una oportunidad de acabar con un conflicto que parece eterno. Para otros, es un paso riesgoso que consolida la impunidad y debilita al Estado.
Por ahora, la extradición queda suspendida y la negociación continúa, mientras crece el escepticismo de quienes dudan de la voluntad real de paz de estos grupos armados.
