La condena penal contra el expresidente Álvaro Uribe desató una tormenta diplomática entre Bogotá y Washington. Gustavo Petro, lejos de ceder, apeló a la soberanía judicial frente a críticas de la embajada estadounidense y del senador Marco Rubio. ¿Vuelve el fantasma del tutelaje externo?
La historia dio un giro este lunes: por primera vez en Colombia, un expresidente fue condenado penalmente. Álvaro Uribe Vélez, símbolo de la derecha dura y figura central en el conflicto armado colombiano, fue hallado culpable de soborno a testigos. El fallo judicial —esperado por años— fue de inmediato objeto de controversia internacional. Desde Washington, el senador republicano Marco Rubio denunció la “instrumentalización del poder judicial colombiano por jueces radicales”, y la embajada de Estados Unidos en Bogotá replicó su declaración.
La respuesta del presidente Gustavo Petro fue fulminante. “Solicito a la embajada de Estados Unidos en Colombia no entrometerse en la justicia de mi país”, afirmó el martes, en un tono inusualmente directo, que recuerda viejas tensiones entre el progresismo latinoamericano y el intervencionismo diplomático norteamericano.
Para Petro, lo que está en juego no es solo la suerte judicial de un exmandatario, sino la dignidad institucional de un país que, por décadas, ha sido tratado como pieza menor del tablero hemisférico. “¿Nos volvimos de nuevo colonia?”, preguntó, retóricamente, en un acto en Santa Marta. La frase tiene peso: evoca siglos de subordinación política, primero ante imperios europeos, luego ante la hegemonía estadounidense.
Las reacciones no tardaron. Desde el Departamento de Estado, se evitó escalar la disputa, pero fuentes diplomáticas confirmaron el llamado a consultas de embajadores. Petro, por su parte, insistió en que la justicia colombiana está siendo “agredida por un gobierno extranjero”.
Las fricciones entre ambos gobiernos se arrastran desde hace tiempo. Desde su llegada al poder, Petro ha criticado el enfoque estadounidense en la lucha antidrogas, ha frenado vuelos de deportados y ha acusado (para luego retractarse) a Rubio de conspirar con sectores radicales para desestabilizar su gobierno. Todo esto ocurre mientras la administración Trump, en campaña para renovar la Casa Blanca, evalúa si mantiene la certificación de Colombia como aliado estratégico. El contexto no puede ser más tenso.
Lo paradójico es que Uribe fue durante años el hombre de confianza de Washington. Su “Plan Colombia”, respaldado por el Pentágono y por sucesivas administraciones, transformó la guerra contra las FARC en un laboratorio de militarización hemisférica. Pero hoy, ese pasado vuelve bajo otra luz: una justicia que, pese a presiones internas y externas, se atrevió a juzgar a quien durante dos décadas fue intocable.
¿Está Petro capitalizando la condena de Uribe como parte de su narrativa de ruptura con el pasado? Es posible. Pero también hay un gesto de dignificación institucional que merece ser valorado más allá de alineamientos partidistas. Una democracia que juzga a sus poderosos no puede ser deslegitimada sin pruebas por actores externos.
Detrás del litigio judicial se esconde un pulso geopolítico más amplio. Colombia, históricamente, ha oscilado entre el alineamiento automático con Estados Unidos y breves impulsos de autonomía. La frase de Petro resuena más allá de los tribunales: “no se metan en nuestra justicia” es también un grito por redefinir la relación bilateral en términos más horizontales.
La pregunta, ahora, es si este episodio marcará un punto de inflexión o si será absorbido por la inercia de siempre. En todo caso, la advertencia está lanzada: en la Colombia del siglo XXI, ni los expresidentes son intocables ni las embajadas pueden hablar sin consecuencias.
