Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, advierte que el país enfrenta desequilibrios macroeconómicos graves tras la gestión de Gustavo Petro. Una hoja de ruta para el próximo gobierno ya está sobre la mesa.
Colombia inicia esta semana el último tramo del mandato de Gustavo Petro bajo el signo de una crisis fiscal que se ha vuelto estructural, según alerta el Instituto de Ciencia Política (ICP), un centro de pensamiento independiente que ha elaborado una propuesta de medidas correctivas para el próximo gobierno.
Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, sostiene que el deterioro de las finanzas públicas no es circunstancial ni atribuible únicamente a choques externos: obedece a decisiones políticas internas que han ampliado el déficit fiscal, reducido la confianza de los mercados y desbordado la capacidad de ejecución del Estado. En entrevista con la agencia EFE, el analista fue claro: «Estamos ante un problema profundo, que no se resolverá sin responsabilidad institucional y voluntad de reforma».
El diagnóstico del ICP es contundente. El país cerró el primer semestre de 2025 con un déficit fiscal cercano al 7 % del PIB, una cifra que supera ampliamente los márgenes contemplados por la regla fiscal —suspendida por tres años a través de la cláusula de escape—. Esta decisión ha sido cuestionada por diversos sectores económicos y académicos, que advierten sobre el riesgo de perder acceso al crédito internacional o de incurrir en recortes improvisados en el año electoral de 2026.
A lo largo de su gobierno, Gustavo Petro impulsó una serie de reformas ambiciosas en materia de salud, pensiones y transición energética. Sin embargo, la capacidad del Estado para financiarlas y ejecutarlas ha quedado en entredicho. Según el ICP, el crecimiento del gasto público sin una contrapartida sostenible en ingresos ha contribuido al desbalance actual.
La hoja de ruta propuesta por el Instituto se centra en cuatro pilares: reducción del gasto de funcionamiento, reforma tributaria progresiva, fortalecimiento de la transparencia en la gestión fiscal y autonomía técnica de las entidades de control. Más que reducir el gasto, el desafío está en reconfigurar la arquitectura fiscal del Estado para responder de forma realista a las demandas sociales y preservar la sostenibilidad futura.
El escenario político actual está cargado de implicaciones que condicionan cualquier decisión económica. El país se aproxima a una campaña presidencial en medio de tensiones sociales, fragmentación institucional y creciente polarización. En ese contexto, la situación fiscal se convierte en una piedra angular del debate público. El próximo presidente recibirá un país con cifras en rojo y demandas sociales elevadas, cuya gestión requerirá realismo y capacidad institucional para evitar un deterioro mayor.
El ICP, que durante años ha abogado por un modelo de desarrollo democrático con responsabilidad fiscal, considera que la mejor forma de preservar la gobernabilidad es transparentar los datos, sincerar los compromisos y apostar por una reingeniería del Estado. «La sostenibilidad fiscal no es enemiga de la justicia social», afirma Chacón, «sino su condición de posibilidad».
A menos de un año de las elecciones, Colombia enfrenta una encrucijada. La crisis fiscal ya no es solo una preocupación de técnicos y economistas: es el telón de fondo de toda la agenda nacional.
