Los grupos armados ilegales en Colombia han crecido. Las estructuras ilegales hoy tienen más integrantes. Tomando las cifras hasta julio de este año, se calcula que las organizaciones criminales suman 25.278 personas, incluyendo tanto combatientes como redes de apoyo. La cifra muestra un 15% más que en diciembre pasado. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) analiza el crecimiento, las consecuencias y el impacto que esta circunstancia tiene para la seguridad y la paz de la nación colombiana.
“Solo sumando disidencias y el Clan del Golfo, hoy el país se enfrenta a casi 18.000 integrantes de grupos armados ilegales vinculados al crimen organizado y a la gobernanza criminal en territorios vulnerables, con pocos incentivos para pensarse seriamente en una salida negociada o un sometimiento a la justicia. Los grupos aún proyectan tener más personas y más territorio, una planificación que debe ser tenida en cuenta tanto para una estrategia de seguridad como de salida negociada”, indica la FIP.
El área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un prestigioso think tank colombiano, documenta que entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO) habrían aumentado en 15% (3.320 personas), citando cifras de la Fuerza Pública a partir de su más reciente ejercicio de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (Accam). “Hay que tener cuidado con simplificar o desechar los datos del Accam”, sostiene el think tank, marcando aquí clara distancia frente a la posición que mantiene el presidente de la república de Colombia.
Lo anterior significa que hasta el mes de julio se contabilizaron 25.278 integrantes en las estructuras ilegales que operan en el país. Según el informe Accam el 48% de esa población está en armas y el 52% restante hace parte de las redes de apoyo. Los resultados del conteo fueron criticados públicamente por el presidente Gustavo Petro.
La FIP estima que el Accam resulta útil para monitorear las tendencias y la evolución de esas estructuras, sin por ello desconocer que puede presentar subregistros y limitaciones (en todo “conteo” de organizaciones ilegales hay un subregistro cercano al 20 o 25%, es decir, la cifra real de los integrantes de estos grupos puede ser más alta). Su valor radica en el hecho de que durante más de veinte años se ha desarrollado ese ejercicio de manera sistemática. Desde 2002 se realiza el Accam y constituye uno de los pocos indicadores objetivos para dimensionar la capacidad armada de varios grupos ilegales que operan en Colombia, indica la FIP.
Los resultados y las cifras del último reporte Accam elaborado por la Fuerza Pública muestran un ritmo diferenciado de crecimiento de las estructuras criminales en cada caso. El Clan del Golfo (o Ejercito Gaitanista de Colombia) es la organización criminal más numerosa y tiene al menos 8.945 miembros. Esa estructura ha registrado un aumento de 18% (794 integrantes) entre diciembre de 2024 y julio de 2025.
En segundo lugar se sitúa la narcoguerrilla ELN que ha tenido un crecimiento más discreto (3%) y hoy alcanza los 6.450 integrantes. En lo que respecta a las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’, conocidas como Estado Mayor Central (EMC), han experimentado un aumento significativo de 20% (640 integrantes), para un total de 3.919 integrantes.
En cuanto a las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), al mando de ‘Calarcá Córdoba’, el incremento ha sido de 16%, con el ingreso de 387 miembros, para un total de 2.802 integrantes.
La FIP valora tres posibles causas por las cuales los grupos ilegales continúan creciendo en el país:
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Por la expansión y el control territorial o lo que denomina “fortalecimiento de la gobernanza”. Es decir que los grupos armados siguen llegando a nuevas regiones, aunque la influencia territorial y de pie de fuerza (para participar en confrontaciones armadas o prestar servicios de vigilancia) es distinta. Un mayor número de integrantes no es igual a tener más territorios copados. Aunque sí, a mayor cantidad de miembros en zonas de operación de esas estructuras, se reafirma la influencia de estas en los territorios. Un aspecto relevante para tener en consideración es que “existen contextos territoriales y dimensiones de la gobernanza armada en los que el poder no reside en la cantidad de personas uniformadas y armadas, sino en los métodos empleados para ejercer un control más eficiente, donde las redes de apoyo resultan fundamentales”.
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Por la presión de las nuevas disputas y la ofensiva de la Fuerza Pública. En ese sentido, la emergencia de nuevos focos de disputa, como resultado de las fracturas internas de esas estructuras, así como el aumento de la ofensiva gubernamental durante el último año, han generado una demanda interna de pie de fuerza, en los grupos ilegales, para gestionar las circunstancias coyunturales que los desafían. “Como lo registró el Dateo de la FIP, si se comparan los periodos enero-julio de 2024 y 2025, hay un incremento notable en las acciones de la Fuerza Pública (90,1%), los ataques contra la Fuerza Pública (123,9%) y los enfrentamientos entre grupos ilegales (53,3%). No hay que olvidar que hoy existen al menos 14 zonas de disputa entre las propias estructuras criminales”, precisa el think tank.
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Por las nuevas formas de reclutamiento. Las organizaciones ilegales han adoptado formas diversas de pertenencia y vinculación. Una de las más comunes, señala la FIP, ha sido la “propaganda” a través de redes sociales. Agrupaciones han promovido campañas explícitas de reclutamiento que pueden resultar atractivas tanto para menores como para adultos, si se tiene en consideración que las condiciones socioeconómicas de las poblaciones en donde hacen presencia los grupos armados llevan a que los habitantes terminen vinculándose a esas estructuras que “hoy en día ofrecen salarios y otros beneficios como bonos y vacaciones”. Además de otras modalidades de reclutamiento que continúan vigentes como la coerción que se ejerce sobre las familias y las comunidades, el ingreso voluntario como medida de protección o las redes familiares.
La FIP precisa que tal y como ocurrió con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC/ grupos paramilitares) hace 20 años, el crecimiento de los grupos armados tiene límites para que puedan ser administrables por sus jefes. Y, en ese sentido, los organismos de inteligencia deben identificar fracturas, así como la estrategia de paz aprovechar esos contextos de vacío de poder al interior de las estructuras criminales.
En sus conclusiones, la FIP nota que “ni el gobierno de Iván Duque ni el de Gustavo Petro pudieron detener el crecimiento y expansión de los grupos armados y fallaron en su estrategia de seguridad”. La otra conclusión es que la estrategia de Gustavo Petro denominada Paz Total, “facilitó el aumento del poder armado e intimidatorio de los grupos ilegales, pues no condicionó las decisiones de las distintas mesas de diálogo a frenar su avance y, en muchas ocasiones, los equipos negociadores y la propia Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) no entendieron ni hicieron un esfuerzo por darle un lugar a la política de seguridad dentro de la estrategia de paz”.
Otra puntualización relevante que hace la FIP es que el aumento sostenido de integrantes en el tiempo también muestra que “la política de seguridad no se corresponde con las actuales estrategias de los grupos ilegales”. Hay un gran rezago en materia de inteligencia para combatirlos y ese vacío está siendo aprovechado por las estructuras criminales que, a diferencia del Estado, “son ágiles en adaptarse a la ofensiva contra ellas”.
Otras estrategias, en materia de prevención del reclutamiento y protección de las comunidades, por parte del gobierno colombiano, también han fallado.
Las cifras y los datos le permiten a este centro de investigación llamar la atención sobre la imposibilidad de avanzar en una salida negociada si no existe articulación entre la política de paz y la política de seguridad. “El próximo gobierno debe entender que la apuesta que necesita el país no es la ilusión de un refuerzo solitario de la estrategia de seguridad o de la salida negociada, sino que ambos caminos deben confluir de manera armónica”.
El desafío es mayúsculo: debe haber un plan para recuperar la presencia de las instituciones del Estado en el territorio nacional, y el Estado debe mejorar sus capacidades tanto en materia de control territorial como de inteligencia estratégica, mientras se avanza en la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado en 2016. “No podemos caer en el reduccionismo de elegir entre paz o seguridad”, concluye la FIP.
