n respuesta al creciente fenómeno de gentrificación que afecta a barrios tradicionales como Roma y Condesa, el gobierno capitalino presentó este miércoles una estrategia integral que incluye una iniciativa de ley para regular los precios del alquiler y limitar el avance de la vivienda de corta estancia.
La alcaldesa Clara Brugada afirmó que la capital enfrenta un fenómeno global que, en el caso local, ha provocado el desplazamiento de habitantes tradicionales y la desaparición de negocios comunitarios. “La gentrificación representa la conversión de barrios populares en zonas de alojamiento temporal para turistas y extranjeros con mayores ingresos”, señaló durante la presentación del plan.
Uno de los ejes centrales será la propuesta de una ley de rentas justas, razonables y asequibles, orientada a estabilizar el mercado de alquiler y prevenir el éxodo forzado hacia zonas periféricas. También se reforzará la regulación de plataformas como Airbnb, con nuevos parámetros para limitar su operación en zonas residenciales.
“El cumplimiento de las disposiciones legales será estricto. Estableceremos una metodología clara para controlar el uso de viviendas temporales”, subrayó Brugada. Además, el gobierno buscará priorizar la construcción de vivienda pública en zonas centrales, para asegurar el acceso a quienes han sido históricamente parte del tejido urbano.
Desde la pandemia, con la expansión del teletrabajo, miles de nómadas digitales —principalmente jóvenes estadounidenses— se han instalado en Ciudad de México, atraídos por el bajo costo relativo y la calidad de vida. Esto ha provocado un alza generalizada de los alquileres, generando tensiones con los residentes locales.
Las protestas de julio en barrios como Roma y Condesa dejaron al descubierto un creciente malestar social. Entre las consignas destacaron mensajes como “México para los mexicanos” y “Gringo go home”, reflejo de la percepción de pérdida de identidad barrial y presión económica por la llegada masiva de extranjeros.
La iniciativa del gobierno busca enfrentar esta presión inmobiliaria sin precedentes con herramientas legales, políticas urbanas de inclusión y un nuevo enfoque en el derecho a la ciudad.
