La cancillería peruana rechazó con dureza las palabras de Claudia Sheinbaum, quien expresó solidaridad con Pedro Castillo. Lima sostiene que el exmandatario no es un perseguido político, sino responsable de un intento de golpe fallido en 2022.
El tablero latinoamericano suma un nuevo episodio de tensión diplomática. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó en la red social X su “más profunda solidaridad” con Pedro Castillo y su familia, calificando su situación como un caso de persecución política y discriminación. El mensaje, difundido tras reunirse con el abogado del exmandatario, Guido Croxatto, colocó a México en el centro de un debate regional que desde 2022 divide posturas sobre el destino del expresidente peruano.
La respuesta de Lima no tardó. A través de un comunicado oficial, la cancillería peruana afirmó que Castillo no es un perseguido político, sino autor de un “flagrante quiebre del orden constitucional”. El 7 de diciembre de 2022, recordó el ministerio, el entonces presidente intentó disolver de manera inconstitucional el Congreso, instaurar un gobierno de excepción y reorganizar a su antojo los poderes Judicial, Legislativo y órganos de control. Para el Ejecutivo peruano, esos actos constituyeron un golpe de Estado fallido y fueron sancionados dentro del marco de la ley y del Estado de derecho.
Perú subraya que la situación jurídica del exmandatario obedece a decisiones tomadas en respeto al debido proceso y con las garantías constitucionales. Por ello considera “falsa e inaceptable” cualquier presentación de su caso como persecución política. Además, recordó que la propia ONU condenó en 2022 el intento de subvertir el orden democrático.
Sheinbaum, al colocar el caso en el plano de la defensa de la democracia regional, abrió un flanco que difícilmente pasará inadvertido en las próximas cumbres internacionales. Su mensaje, con un tono ideológico, contrasta con la línea dura de Lima y refleja el giro discursivo de la política exterior mexicana bajo su liderazgo.
El trasfondo revela un pulso mayor en la política regional: Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, acusado del delito de rebelión, con un pedido fiscal de hasta 34 años de cárcel. Su caída permitió la asunción de Dina Boluarte, que atraviesa un mandato convulso y con fecha de finalización en 2026. La figura del exmandatario, lejos de diluirse, sigue actuando como catalizador de fracturas políticas dentro y fuera del Perú.
En el fondo, el caso Castillo refleja también cómo América Latina elige afrontar sus crisis democráticas. Cuando un presidente intenta disolver las instituciones, ¿se lo debe juzgar como golpista o defender como víctima? México y Perú acaban de exponer, una vez más, que la respuesta depende de lecturas políticas enfrentadas que atraviesan la región.
