Un acuerdo entre EE.UU., El Salvador y Venezuela liberó a 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas, a cambio del regreso de más de 250 venezolanos deportados y retenidos en El Salvador.
Venezuela liberó este viernes a diez ciudadanos estadounidenses detenidos en su territorio, quienes partieron rumbo a EE.UU., a cambio del retorno de 252 migrantes venezolanos recluidos en una prisión de máxima seguridad en El Salvador. El acuerdo fue fruto de meses de negociaciones entre el gobierno de Donald Trump, el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el régimen de Nicolás Maduro, que calificó el centro de detención como un “campo de concentración”.
El plan se activó tras la deportación masiva ejecutada por EE.UU. en marzo, bajo el amparo de una antigua legislación llamada Alien Enemies Act. Centenares de migrantes venezolanos fueron enviados a El Salvador, sin procesos judiciales claros y bajo acusaciones genéricas de pertenencia al grupo delictivo Tren de Aragua. Sin embargo, no se presentaron pruebas contra la mayoría de ellos, y sus familias niegan las imputaciones.
A cambio, Venezuela liberó a diez estadounidenses o residentes permanentes, entre ellos un exmilitar y un ciudadano franco-estadounidense. Las detenciones habían sido denunciadas como arbitrarias, sin base legal ni garantías mínimas. El secretario de Estado, Marco Rubio, celebró el intercambio como un avance diplomático y humanitario.
Siete niñas venezolanas también fueron repatriadas. Habían sido separadas de sus padres durante los procedimientos migratorios estadounidenses. Funcionarios del régimen, como Diosdado Cabello y la primera dama Cilia Flores, las recibieron en el aeropuerto de Maiquetía y denunciaron el trato recibido por sus compatriotas.
La operación muestra una vez más cómo los flujos migratorios, lejos de tratarse solo de un fenómeno social, se convierten en moneda de cambio en la diplomacia contemporánea. Washington defiende su soberanía migratoria, pero acepta acuerdos de reciprocidad con gobiernos a los que ha sancionado. Caracas aprovecha la ocasión para exhibir sensibilidad humanitaria y disputar el relato internacional.
Aún quedan preguntas abiertas: ¿hubo garantías legales en ambos extremos del canje? ¿Se está normalizando el uso de personas —migrantes o presos— como fichas en negociaciones políticas? ¿Qué papel juega América Latina, más allá de El Salvador y Venezuela, frente a esta lógica transaccional?
El canje ofrece alivio individual, pero expone una tendencia alarmante. En medio del endurecimiento de las políticas migratorias, la movilidad humana ya no se trata solo de derechos ni de protección. Se ha convertido en un activo estratégico, negociado por gobiernos que buscan reforzar su legitimidad interna o proyectar poder en escenarios internacionales.
