La reforma exprés que permite la reelección indefinida en El Salvador reconfigura el mapa institucional del país y expone, al mismo tiempo, un patrón creciente en América Latina: la concentración del poder justificada como ejercicio de soberanía.
El Salvador ha cruzado un umbral. Con una votación veloz y sin contrapesos reales, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que extiende el mandato presidencial de cinco a seis años, suprime la segunda vuelta electoral y —sobre todo— autoriza la reelección indefinida del presidente.
El gesto político, lejos de sorprender, consuma una trayectoria. Bukele, reelegido en 2024 con una mayoría abrumadora, controla hoy no solo el Ejecutivo, sino también la Asamblea, el aparato judicial y la narrativa pública. Lo llamativo de la reforma está menos en su contenido que en la forma elegida para justificarla: una apelación al orgullo nacional.
En una publicación en inglés, difundida en la red X, el presidente respondió con tono desafiante a los cuestionamientos internacionales. Sostuvo que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida” y que lo que molesta a las potencias no es la reforma en sí, sino que “un país pobre se atreva a actuar como soberano”. Así, Bukele cambia el eje del debate: de la legalidad democrática al agravio colonial.
La estrategia forma parte de un guion ya conocido en la región. En América Latina, invocar la soberanía para desactivar las alarmas autoritarias se ha convertido en moneda corriente. Lo hizo Ortega en Nicaragua, lo hizo Maduro en Venezuela, lo ensaya ahora Bukele en clave millennial. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿es soberanía perpetuar el poder sin alternancia, desarticulando los frenos institucionales y reduciendo la disidencia a un residuo anecdótico?
La reforma llega en un contexto enrarecido. Bajo un régimen de excepción desde 2022, El Salvador ha sido escenario de detenciones masivas, limitación de libertades y exilio forzado de periodistas y defensores de derechos humanos. La eficacia represiva contra las pandillas ha servido de cortina de legitimación, pero su precio es alto: se erosiona el derecho, se expulsa el disenso, se naturaliza el miedo.
Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han calificado la reforma como un “golpe mortal” a la democracia salvadoreña. Sin embargo, el presidente no se inmuta. Su popularidad interna lo blinda y su retórica de autodeterminación lo proyecta internacionalmente como líder rebelde ante un orden global que él considera hipócrita.
Pero en política, no basta con ganar elecciones ni con invocar al pueblo. Una democracia se define tanto por el origen del poder como por los límites que lo encauzan. El Salvador, hoy, avanza hacia una arquitectura institucional moldeada a la medida de un solo hombre. Y eso, aunque se disfrace de dignidad nacional, termina siempre en servidumbre del poder.
