A dos días de la entrada en vigor de los aranceles punitivos anunciados por Donald Trump contra productos brasileños, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva detecta lo que llama “señales” de apertura por parte de Washington. Es un gesto tenue, no un giro. Pero en tiempos de diplomacia arancelaria, cada matiz importa.
El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, optó por un tono prudente. No anunció acuerdos ni treguas, sino “canales que comienzan a desbloquearse”. Una fórmula que sugiere conversaciones incipientes y negociaciones en curso, sin comprometer el margen de maniobra del Ejecutivo brasileño.
La novedad llega tras una conversación telefónica entre el vicepresidente Geraldo Alckmin y el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick. Marca un punto de inflexión en la dinámica bilateral: Alckmin lidera los esfuerzos del gobierno brasileño para contener la escalada y construir puentes con el sector privado estadounidense, que también tiene mucho que perder.
De hecho, fue en un encuentro con representantes de gigantes tecnológicos —Google, Apple, Meta, Amazon, Visa, Expedia— donde se produjo uno de los gestos más reveladores: por petición de Lutnick, un delegado del gobierno de EE. UU. se unió a la reunión. No hubo comunicados conjuntos, pero sí agenda compartida: regulación digital, seguridad jurídica, innovación. Hoy, la balanza comercial incluye también plataformas, reglas digitales y propiedad tecnológica.
El trasfondo político de esta guerra comercial sigue latente. Trump justificó las sanciones acusando a Brasil de perseguir al expresidente Jair Bolsonaro y criticando el intento del Supremo brasileño por regular las redes sociales. A ojos del trumpismo, los esfuerzos del juez Alexandre de Moraes por frenar la desinformación —incluyendo el bloqueo temporal de X (antes Twitter)— son vistos como censura ideológica. Pero para Brasil, se trata de política de Estado en defensa de su democracia.
La paradoja es evidente: Estados Unidos sanciona a su segundo socio comercial en América Latina alegando una causa que incomoda incluso a sus empresas. Las big tech no han ocultado su rechazo a las decisiones judiciales brasileñas, pero tampoco quieren verse atrapadas en una guerra tarifaria que pueda afectar su posicionamiento estratégico.
Brasil, por su parte, ha optado por una estrategia de doble carril. Mientras expresa su disposición al diálogo, prepara discretamente un plan de contingencia en caso de que las sanciones se materialicen el 1º de agosto. No quiere parecer débil, pero tampoco precipitarse. Alckmin lo dijo con claridad: “No hay justificación para un arancel del 50% sobre un país que es uno de tus principales compradores”.
Esta es una batalla menos ruidosa que las anteriores guerras comerciales de Trump, pero no menos significativa. Transcurre en simultáneo entre oficinas gubernamentales, escenarios diplomáticos y pasillos corporativos.
La confirmación del giro marcaría un logro táctico para Lula: hacer que Washington abra un espacio —aunque sea breve— para el diálogo.
