Las multitudinarias protestas en São Paulo y otras ciudades exigen la absolución de Jair Bolsonaro en pleno juicio por golpismo. La calle se convierte en escenario de un pulso que trasciende la figura del expresidente y reabre viejas heridas sobre el papel de la justicia, el populismo y la democracia en América Latina.
La Avenida Paulista volvió a convertirse en termómetro político de Brasil. Más de cuarenta mil personas, según estimaciones de la Universidad de São Paulo, reclamaron la inocencia de Jair Bolsonaro y exigieron una amnistía “amplia y general” que lo devuelva al tablero político. La escena, marcada por banderas brasileñas, plegarias evangélicas y consignas a favor de Donald Trump, proyecta la imagen de un país dividido en torno a la suerte de un líder que todavía polariza con la misma intensidad que en su mandato.
La presencia de Michelle Bolsonaro y de su hijo Flávio, en actos paralelos en São Paulo y Río, reforzó la narrativa de persecución contra el expresidente, hoy bajo arresto domiciliario. Entre lágrimas, la ex primera dama habló de “dictadura judicial” y apeló a Dios como garante de la justicia verdadera, mientras aliados políticos como el gobernador Tarcísio de Freitas advirtieron que “la única salida es la amnistía”. Esta estrategia busca transformar un proceso judicial en un plebiscito callejero, donde la inocencia se mide en cantidad de banderas desplegadas y no en pruebas jurídicas.
El juicio en el Supremo Tribunal Federal acusa a Bolsonaro de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La Fiscalía pide hasta cuarenta años de prisión, y el juez Alexandre de Moraes, convertido en símbolo del enfrentamiento institucional, ya anticipa un fallo severo. Este episodio condensa las tensiones entre justicia y política en una región habituada a que los tribunales se conviertan en trincheras de la disputa democrática.
El Día de la Independencia, que en tiempos de Bolsonaro sirvió como escaparate de poder y convocatoria masiva, fue recuperado en esta ocasión por sus simpatizantes como emblema de resistencia contra un orden institucional que consideran erosionado. Esa apropiación simbólica demuestra que el calendario cívico en Brasil se ha convertido en un campo de batalla ideológica, donde cada efeméride sirve para reforzar relatos contrapuestos.
Al mismo tiempo, la izquierda también salió a la calle. Movimientos sociales y sindicatos marcharon para rechazar cualquier intento de amnistía y exigir una condena ejemplar. La simultaneidad de ambas movilizaciones refleja que Brasil vive un clima político de espejo roto: dos países en uno, incapaces de reconocerse mutuamente en un horizonte compartido.
Este episodio tiene también un alcance internacional, ya que coloca a Brasil en el centro de un debate regional sobre los límites entre justicia, poder político y la legitimidad de las instituciones democráticas. El despliegue de una gigantesca bandera de Estados Unidos en São Paulo, en homenaje a Trump, muestra hasta qué punto la ultraderecha brasileña se siente parte de una cruzada global contra las élites judiciales y políticas. Lula respondió con un mensaje de soberanía: “Brasil no acepta órdenes de ningún otro país”, dijo en cadena nacional, subrayando que la justicia es un poder que no se negocia en Washington.
“El futuro político y judicial de Bolsonaro se transforma en una metáfora inquietante: la capacidad de ciertos liderazgos carismáticos para apropiarse de los resortes institucionales y, al mismo tiempo, encender movilizaciones callejeras que invierten la lógica de la democracia al poner en primer plano intereses individuales antes que proyectos colectivos. Brasil se juega mucho más que el destino de un expresidente: se juega la credibilidad de su sistema democrático.
