A cuatro meses de acoger la cumbre climática COP30 en la ciudad amazónica de Belém, el Congreso de Brasil ha aprobado una polémica reforma legal que flexibiliza la concesión de licencias ambientales para grandes proyectos de infraestructura. La medida ha sido calificada por ambientalistas como un “ecocidio autorizado” y un “retroceso sin precedentes”.
El proyecto, conocido entre organizaciones sociales como “el proyecto de la devastación”, fue aprobado esta madrugada en la Cámara de Diputados con 267 votos a favor y 116 en contra, tras haber pasado por el Senado en mayo. La norma ahora queda en manos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien deberá decidir si la promulga, la veta parcialmente o la rechaza en su totalidad.
Las nuevas reglas permiten excepciones a la exigencia de licencias para obras consideradas estratégicas y facilitan autorizaciones bajo mera declaración de compromiso, lo que en la práctica debilita los controles sobre el impacto ambiental de megaproyectos.
La reforma ha generado fisuras en el propio gabinete de Lula. Mientras el Ministerio de Agricultura respaldó el texto, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, lo calificó como “un tiro en el pie”, advirtiendo que perjudica no solo al medioambiente sino también a la salud pública y a la economía a largo plazo.
La oposición lo presentó como una medida para “vencer la burocracia” e impulsar el desarrollo. “No hay una coma que ponga en riesgo el medio ambiente”, afirmó el diputado liberal Zé Vitor, cercano al expresidente Jair Bolsonaro. Pero para sectores indígenas, académicos y ONG, la norma debilita uno de los pilares del marco regulatorio ambiental brasileño.
A esto se suma el contexto paradójico en que se aprueba la ley: mientras Lula promueve a Brasil como un referente verde ante la comunidad internacional, su gobierno defiende simultáneamente un megaproyecto de exploración petrolera en el Margen Ecuatorial, una zona marítima próxima a la desembocadura del Amazonas.
La estatal Petrobras estima que en esa región podrían encontrarse hasta 10.000 millones de barriles de crudo. El proyecto aún espera licencia del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), cuyo presidente ya anticipó que impugnará la reforma aprobada por considerarla inconstitucional.
La contradicción es evidente: en nombre de la transición energética, se flexibilizan normas que deberían resguardar los últimos ecosistemas intactos del planeta. La comunidad internacional seguirá con atención el desenlace. De lo que Lula decida hacer —o no hacer— con esta ley dependerá buena parte de la credibilidad climática de Brasil en la COP30.
