Un tornado devastador con vientos de 250 km/h arrasó el 80% de Rio Bonito do Iguaçu causando seis muertos y más de 750 heridos, en un momento en que la diplomacia climática global se reúne en Belém para la COP30. La coincidencia evidencia la contradicción entre retórica y acción que ha caracterizado las cumbres climáticas desde la firma del Acuerdo de París, en un contexto donde el negacionismo trumpista gana terreno y las emisiones globales siguen sin reducirse pese a tres décadas de negociaciones internacionales.
El calentamiento global se acelera y ningún rincón del planeta escapa a sus efectos destructivos. Esta semana, Brasil se convirtió en símbolo doloroso de esta paradoja: mientras la ciudad amazónica de Belém inauguraba el domingo la COP30, la trigésima Conferencia de las Partes de la ONU sobre cambio climático, un tornado sin precedentes arrasaba el viernes 7 de noviembre la localidad de Rio Bonito do Iguaçu en el estado de Paraná, dejando seis muertos, más de 750 heridos y el 80% de la ciudad destruida. La gran paradoja es que el mundo nunca ha estado mejor preparado para desplazar a los combustibles fósiles gracias al avance de las renovables y la movilidad eléctrica.
El fenómeno meteorológico que golpeó Paraná, considerado uno de los más destructivos en la historia del estado, alcanzó vientos de entre 180 y 250 kilómetros por hora según el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental. El tornado se formó en condiciones de alta inestabilidad, con un contraste entre aire caliente y una masa fría proveniente del sur, y aunque duró apenas unos minutos, los impactos se concentraron devastadoramente en el área urbana de esta localidad de 14.000 habitantes situada a 400 kilómetros de Curitiba. Los residentes describieron un impacto súbito de ventarrón con tormenta y granizo que no permitió reacción. «Destruyó todo. Destruyó la ciudad, casas, colegios. ¿Qué va a ser de nosotros?», se lamentaba Roselei Dalcandon frente a su negocio convertido en escombros.
El gobernador de Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, calificó la catástrofe como sin precedentes en la historia del estado y decretó estado de calamidad pública para movilizar recursos federales. Entre los seis fallecidos confirmados en Rio Bonito do Iguaçu figuran tres hombres de 49, 57 y 83 años, y dos mujeres de 47 y 14 años. Una sexta víctima, un hombre de 53 años, murió en la cercana ciudad de Guarapuava. El sistema de clasificación Fujita sitúa el tornado entre categoría EF3 y posiblemente EF4, con capacidad destructiva que volcó vehículos durante cientos de metros, derribó postes eléctricos dejando sin suministro a 4.500 unidades de consumo solo en Rio Bonito, y provocó el colapso de supermercados, silos y gasolineras. Las autoridades mantienen alerta de peligro por tempestades en todo Paraná y los estados sureños de Santa Catarina y Rio Grande do Sul.
Cambio climático y eventos extremos en aumento
La coincidencia temporal entre el desastre y la apertura de la COP30 en Belém, situada a 3.200 kilómetros al norte en plena Amazonía, subraya la urgencia de una crisis que ya no es proyección futura sino realidad presente. Los expertos vinculan directamente estos eventos extremos con el calentamiento del planeta. El meteorólogo argentino José Navarro advirtió que el cambio climático y el calentamiento del Atlántico Sur están intensificando los sistemas de tormenta. «Desde hace varios años el mar presenta temperaturas entre tres y doce grados por encima del promedio. Esa energía adicional en la atmósfera potencia los sistemas de tormenta y genera fenómenos más violentos», explicó el especialista, quien proyecta tormentas muy fuertes en el litoral argentino incluyendo Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Formosa en las próximas semanas.
En 2024, inundaciones inéditas golpearon la misma región sureña dejando más de 200 muertos y dos millones de habitantes afectados en Rio Grande do Sul, una de las peores catástrofes naturales de la historia brasileña. El incremento de la temperatura respecto al nivel preindustrial muestra que 2023, 2024 y 2025 han sido los años más cálidos registrados, con cada fracción de grado de calentamiento multiplicando los riesgos. Los datos sobre emisiones globales de gases de efecto invernadero evidencian que las emisiones alcanzaron 53,2 gigatoneladas de CO2 equivalente en 2024, con China responsable del 29,2%, Estados Unidos del 11,1%, India del 8,2% y la Unión Europea del 5,9%. Pese a estas señales alarmantes, ningún país escapa a sus efectos devastadores.
La ciudad de Belém, situada en la desembocadura del río Amazonas y reconocida como principal vía de acceso a la vasta Amazonía, constituye más que un escenario simbólico para la COP30: representa una declaración de intenciones. Brasil adelantó la cumbre de jefes de Estado a los días 6 y 7 de noviembre para garantizar un inicio organizado y con marco político sólido antes de la apertura oficial del 10 de noviembre. El país espera recibir aproximadamente 50.000 visitantes durante los días de conferencia, reuniendo a representantes de 198 países, científicos, líderes empresariales, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales para trazar compromisos concretos frente a la crisis climática. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó tras el tornado su solidaridad con las víctimas mientras anunciaba el envío de equipos de protección civil y ayuda humanitaria a la región afectada.
Fracaso de la COP29 y retirada estadounidense
La COP30 llega tras la decepcionante COP29 celebrada en Bakú, Azerbaiyán, en 2024, que evidenció las limitaciones estructurales del actual modelo de gobernanza climática global. A pesar de las reiteradas declaraciones de compromiso, las promesas de financiamiento climático de los países desarrollados continúan muy por debajo de los 100.000 millones de dólares anuales acordados en la COP15 de Copenhague en 2009, meta que debía alcanzarse para apoyar la mitigación y adaptación en el sur global. Una proporción significativa de esos fondos se ha canalizado en forma de préstamos y no de subvenciones, incrementando el endeudamiento de las economías más vulnerables y contradiciendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas establecido en el Acuerdo de París.
Esta brecha entre retórica y acción ha generado una profunda desconfianza hacia las cumbres climáticas, percibidas cada vez más como espacios de negociación simbólica más que de transformación real. La COP29 no solo falló en consolidar un nuevo marco financiero, sino que reforzó la percepción de que las conferencias han sido incapaces de traducir la urgencia científica en voluntad política efectiva. El Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado establecido en Bakú implica la movilización de 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035 por parte de los países desarrollados para reducción de emisiones y adaptación, pero el mecanismo para alcanzar esa cifra permanece difuso y sometido a la misma lógica de préstamos que ha caracterizado el financiamiento climático previo.
La actitud del presidente estadounidense Donald Trump representa el mayor obstáculo para la acción climática global. Tras su segunda retirada del Acuerdo de París en 2025, repitiendo su decisión de 2017, Estados Unidos se ha desvinculado formalmente de los compromisos internacionales mientras Trump exige a los aliados de la OTAN destinar el 5% del PIB a gasto militar, argumento que varios líderes europeos utilizan para justificar recortes en financiamiento climático. El viernes previo a la inauguración de la COP30, el secretario de Estado estadounidense Chris Wright anunció en una conferencia en Texas que su país no importaría combustibles fósiles, particularmente desde Europa, consolidando una política energética basada en la transición a renovables pero con ritmo lento que perpetúa dependencia del gas.
Amazonía y compromisos de Brasil
La elección de Belém como sede introduce un giro temático y simbólico crucial: colocar la selva en el centro de la discusión sobre transición ecológica, finanzas climáticas y justicia ambiental. El gobierno brasileño ha priorizado la valorización de la Amazonía como solución climática, la financiación justa para países en desarrollo, la promoción de transiciones justas e inclusivas, y la integración entre clima, biodiversidad y justicia social. La Presidencia brasileña busca transformar la COP30 en un hito global de implementación del Acuerdo de París, aprovechando que se cumplen 20 años desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto y una década desde la firma del Acuerdo de París, aunque las expectativas de líderes ambientalistas resultan escépticas por el historial reciente.
El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró en la inauguración que las Naciones Unidas no renunciarán al objetivo de 1,5°C. «El límite de 1,5°C es una línea roja para la humanidad. Debe mantenerse a nuestro alcance», afirmó, instando a los países a actuar con urgencia y ampliar soluciones que transformen las economías y protejan a las personas. La COP30 se centrará en los esfuerzos necesarios para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C, la presentación de nuevos planes de acción nacionales y los avances en compromisos financieros contraídos en la COP29. Sin embargo, la realidad contradice la retórica oficial: según Naciones Unidas, los países no lograron avances durante el último año en la reducción de las emisiones globales derivadas de la quema de combustibles fósiles.
Tres décadas después de las primeras conferencias climáticas, el panorama resulta desalentador. Las emisiones que estaban en torno a 40 gigatoneladas en la década de 1990 alcanzaron 53,2 gigatoneladas en 2024, evidenciando que el crecimiento económico global no se ha desacoplado de las emisiones de carbono pese a los compromisos adquiridos. Los principales emisores como China, Estados Unidos, India, la Unión Europea y Rusia presentaron sus nuevos planes de recorte para 2035, pero todos ellos resultaron inferiores a las expectativas y las necesidades científicas. Solo tres países, cuyas emisiones representan el 11% del total mundial, han logrado reducir sus emisiones por debajo de los niveles de 1990, con la Unión Europea como único caso significativo que alcanzó el 40% de reducción.
Luego están los ausentes, como India, cuyo liderazgo no ha presentado todavía su plan de recorte para 2035, y Estados Unidos, que con Trump firmando su retiro del Acuerdo de París no tiene intención de presentar nada. El diagnóstico es claro: la ruta de la descarbonización que la UE está siguiendo a marchas forzadas y que Estados Unidos va dejando atrás, fractura el consenso entre los conservadores y sectores industriales. Pero en la actitud de Lula existe ambigüedad sobre el propósito de Tubiana: hablar de manera optimista sobre el cambio climático sin comprometer su política exterior con Estados Unidos, China y Rusia, países que son aliados estratégicos pero también grandes emisores.
Ante esta encrucijada, el tornado que devastó Rio Bonito do Iguaçu opera como metáfora brutal de la distancia entre palabras y hechos. Mientras los negociadores climáticos debaten en Belém sobre mecanismos financieros, mercados de carbono y contribuciones nacionales determinadas, miles de brasileños enfrentan la realidad inmediata de la crisis climática: familias desplazadas, infraestructura destruida, vidas perdidas. El gobernador Ratinho Junior expresó la magnitud de la tragedia: «Es improbable que alguna casa, o incluso algún edificio comercial, quede en pie. Vimos silos y gasolineras colapsando». La catástrofe evidencia que el cambio climático no es futuro distante sino presente devastador que exige acción inmediata más allá de las declaraciones protocolarias y los compromisos incumplidos que han caracterizado tres décadas de diplomacia climática internacional.
