El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil fijó para el 2 de septiembre el inicio del juicio contra Jair Bolsonaro por su presunta participación en una trama golpista tras las elecciones de 2022. La rapidez con la que se pautó el proceso contrasta con la demora en el caso contra la cúpula de la Policía Militar de Brasilia, acusada de omisión en los ataques del 8 de enero de 2023.
El ministro Alexandre de Moraes, ponente del caso, envió en menos de 24 horas el proceso contra Bolsonaro y otros siete acusados al presidente de la Primera Turma, Cristiano Zanin, quien fijó el inicio del juicio apenas dos días después de recibidas las alegaciones finales. La previsión es que el proceso se extienda durante dos semanas, con fallo el 12 de septiembre.
La diferencia con el caso de los mandos de la Policía Militar del Distrito Federal es evidente. Los policías están imputados desde hace más de 500 días por omisión durante el asalto a los poderes en Brasilia. Sus defensas entregaron alegaciones finales en mayo, pero el juicio aún no tiene fecha. Moraes incluyó el caso dos veces en el calendario del tribunal y lo retiró en ambas ocasiones, sin justificación pública.
El contraste se explica, en parte, por razones procesales. En la causa de Bolsonaro hay un acusado en prisión preventiva: el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa. La ley brasileña establece que en procesos con reos detenidos no se interrumpen los plazos, ni siquiera durante el receso judicial. Esa condición aceleró el trámite. En el proceso contra la Policía Militar, todos los acusados recuperaron la libertad en 2024, lo que relajó los tiempos.
Aun así, la diferencia de ritmos ha generado debate político y jurídico. Las defensas señalan posibles contradicciones en la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR). En el caso de la Policía Militar, la acusación sostiene que los mandos recibieron informes de inteligencia sobre la posibilidad de disturbios y se omitieron deliberadamente. En el proceso contra Bolsonaro, en cambio, se responsabiliza al entonces secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, por no haber difundido un informe semejante. Para los abogados, ambas posiciones no pueden sostenerse al mismo tiempo.
La acusación contra Bolsonaro se apoya en testimonios y pruebas de coordinación para desconocer el resultado electoral de 2022 y fomentar el intento de golpe de enero de 2023. Entre los elementos más relevantes está la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, que confirmó la existencia de un plan organizado.
Moraes negó haber acelerado el caso y afirmó que la causa lleva ya casi dos años desde su apertura. Argumentó que los plazos respetados en el proceso contra el expresidente no se comparan con los de otras investigaciones aún en curso, como las relacionadas con fraudes en el INSS.
La expectativa en Brasil es alta. Un fallo condenatorio contra Bolsonaro tendría un fuerte impacto político en la oposición y marcaría un precedente para la rendición de cuentas de expresidentes en la región. En paralelo, la demora en el juicio a los mandos policiales alimenta la percepción de que la justicia actúa con tiempos distintos según el peso político de los acusados.
El STF enfrenta un doble desafío: juzgar con rapidez y firmeza a un expresidente acusado de atentar contra la democracia, y demostrar que su actuación no responde a criterios selectivos. El desenlace del caso Bolsonaro pondrá a prueba la confianza en el sistema judicial brasileño y su capacidad de imponer un estándar igualitario de responsabilidad política y penal.
